La Asamblea Ni Una Menos dio a conocer un fuerte documento que repasa el giro en las políticas provinciales. Los puntos son el recorte en género, la cuestión salarial docente, la reforma de la Caja de Jubilaciones y la asistencia alimentaria. Sobre esto, hablamos con María José Marano, delegada departamental de Amsafe La Capital, y con Celeste Baumgartner, militante del Movimiento Evita.
El pasado viernes la Asamblea Ni Una Menos de Santa Fe dio a conocer un comunicado que pone en cuestión las medidas del gobierno provincial en relación a políticas alimentarias, de género, salariales y la agenda legislativa propuesta por el Ejecutivo en relación a la Caja de Jubilaciones de la provincia.
A lo largo del extenso escrito desarrollan una crítica a lo que evalúan como iniciativas que marcan un retroceso en esas materias en el territorio santafesino, alineadas al ajuste que lleva adelante el gobierno nacional.
En género
"La Asamblea NUM Santa Fe viene acompañando a trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad ante la probable cesantía de les 42 trabajadores de planta, quienes literalmente cuerpearon la situación, no sólo interponiendo recursos ante las medidas que ponían en riesgo la estabilidad laboral sino clarificando sobre la legalidad de los pase a planta, las tareas que realizan en territorio, y la virtual paralización de programas ya que sin trabajadores no se pueden implementar políticas públicas", relatan en el comienzo del documento.
Y tras repasar el derrotero de resistencia y organización de las y les trabajadores que atraviesan esa situación, apuntan directamente contra el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, y a un "alineamiento con el presidente Javier Milei en lo sustancial" en lo que a cuestiones de género refiere.
"Demoniza al Estado que atiende las vulnerabilidades y desigualdades, al que vacía y a les empleados públicos a quienes despide. Lo emula eliminando el Ministerio de Género, Igualdad y Diversidad, un logro del movimiento feminista santafesino que llevó mas de 20 año conseguir. No es casual que el ajuste se realice sobre uno de los ministerios que trabaja en derechos mientras que a los ministerios por donde pasa 'el poder', Economía y Producción, no se los toca sino por el contrario se los refuerza con el ingreso a la administración pública de personal político cuyos sueldos -mínimo- son tres veces superiores a los que perciben les trabajadores que se pretende cesantear. Desmantelar las políticas públicas para mujeres y disidencias es muestra cabal del sesgo patriarcal de este gobierno", sostienen desde la Asamblea.
En materia salarial: la situación de las y los docentes
En la misma misiva también apuntan a las políticas implementadas por Pullaro en el marco de la discusión por la situación de las y los docentes en la provincia y los descuentos por paro promovidos desde el gobierno de la provincia en la misma línea que el gobierno nacional.
"Para Milei como para Pullaro, les corruptes suelen ser les trabajadores. El gobierno provincial exhibe estadísticas sobre la baja en el pedido de licencia por enfermedad docente luego de que reinstalara el presentismo sin importarle que una maestra vaya a trabajar enferma para no perder parte de su salario, poniendo en riesgo su salud y la del alumnado. Si se le ocurre sumarse a la protesta en defensa de sus derechos reconocidos por la normativa haciendo uso de la herramienta colectiva y constitucional para hacerlo, la huelga, le descuenta los días de paro. Además de ir contra derechos laborales adquiridos existe el agravante patriarcal porque la mayoría de les trabajadores docentes son mujeres", apuntan.
En el mismo sentido, María José Marano de Amsafe La Capital, afirma en diálogo con Periódicas que "los gobiernos actuales, nacional y provincial, intentan aplicar un ajuste que sistemáticamente perjudica a les trabajadores".
Y hace hincapié en la "estigmatización de les trabajadores docentes, instalando en la sociedad estadísticas de ausentismo no presentadas ni discutidas en paritarias" y "la decisión unilateral de un presentismo disfrazado de premio para algunos cargos que consideran más 'necesarios' que otros".
Para Marano, la propuesta del gobierno de Pullaro, en línea con los objetivos de Nación, se da como parte de "una lógica de precarizar la propuesta educativa, en un claro camino a declararnos 'servicio escencial' y así evitar las medias constitucionales de reclamo como el derecho a huelga, castigando a la vez a quienes lo ejercen con el no pago del día de huelga y el presentismo de ese mes y ese trimestre a quienes lo cobran".
"La consecuencia de este 'premio' discriminador es ir a trabajar en cualquier condición y, en el caso de la docencia mayoritariamente femenina, con tareas de cuidado a cargo y responsabilidades familiares intransferibles debido a ser único sostén de familia. Se hace imposible en la realidad, castigando una vez más a las compañeras, ignorando la salud de las trabajadoras y sus familias, y en detrimento de una 'enseñanza de calidad' como pregonan", indica la gremialista santafesina.
En cuanto a lo salarial, Marano también resalta que "deudas no reconocidas, quita del incentivo docente nacional y del plan 25, y el retorno del impuesto a las ganancias, significan una baja considerable que debe compensarse" y remarca que "la educación es un derecho social y es la obligación del Estado garantizarla para todes".
Las políticas alimentarias
Otro de los ejes que aborda el documento es el cuestionamiento al trabajo de las organizaciones sociales en cuanto a la gestión de alimentos en comedores y merenderos populares, acusando al gobierno santafesino de reproducir las mismas lógicas de Sandra Pettovello y el Ministerio de Capital Humano.
"Las organizaciones sociales son puestas bajo la lupa, sospechadas de manejo turbio de fondos para la provisión de alimentos; se las inspecciona, se les exigen mil papeles, se publican datos sobre las mismas pero no se procede de igual manera con los supermercados que aumentan los precios de manera descarada. Comedores donde las cocineras, mayoritariamente mujeres, trabajan sin sueldo, rascando la olla, haciendo milagros porque el gobierno provincial de Pullaro, que dice asistir alimentariamente a 350 mil personas, omite señalar que las raciones de copa son de 280 pesos, el mismo monto que para las escuelas de la provincia y que no cubren ni un vaso de leche", indican.
Sobre este punto, Celeste Baumgartner, del Movimiento Evita, recordó a Periódicas que a nivel municipal "hace unos meses presentamos un proyecto de ordenanza para que se decrete la emergencia alimentaria y para que nos den un fondo alimentario a cada comedor y merendero de la ciudad", políticas que, con algunas deficiencias, se están ejecutando.
A nivel provincial la militante social señaló que "es cierto que la provincia hizo auditorías y dio de baja un montón de tarjetas institucionales con motivos incoherentes". Además señaló también que se solicitaron aumentos a las partidas asignadas a los comedores populares "y todavía no tenemos respuesta".
"Estamos esperando, esa es la realidad. La realidad es que a los comedores y merenderos recurren cada vez más familias, más personas a buscar su ración de comida. Y es por eso que se necesita más asistencia para poder cubrir la cantidad de personas. Hoy los comedores siguen funcionando gracias a la solidaridad de la gente. No es por otra cosa", relata Baumgartner.
La referente valora que esta discusión se suceda en los ámbito de organización de los feminismos, en tanto que "en los comedores de cada barrio, en cada merendero, son las compañeras mujeres y las disidencias las que están llevando adelante esos espacios y las que las están sufriendo de primera mano". "Creo también que deberíamos de ir rumbo a un cambio, a reorganizar el espacio con todas estas compañeras de los comedores y merenderos adentro de las asambleas, que discutan y que, principalmente, sean parte", indica.
La Caja de Jubilaciones
Al hablar del déficit de la Caja de Jubilaciones, desde la Asamblea deslizan que "el gobernador Pullaro dice demagógicamente que no gobierna sólo para los empleados públicos, insistiendo en el discurso liberal que les trabajadores son les culpables del déficit estatal, no los políticos que gobiernan. Pullaro no menciona que el gobierno nacional -con quien firmó el Pacto de Mayo- no envía los fondos que corresponden a la Caja desde hace siete meses. Sostuvo textualmente que 'esos 40.000 millones de pesos (el déficit) equivalen a 40 kilómetros de ruta, ocho escuelas que no vamos a construir, o más de 840 patrulleros' como si las personas fuésemos equiparables a cosas -patrulleros, rutas, edificios- y no sujetos de derechos a quienes se culpabiliza de aquellas medidas que no se toman, como por ejemplo pasar a planta a personal precarizado y sumas no remunerativas al salario con lo que el ingreso en concepto de aportes jubilatorios aumentaría".
Sobre este tema, desde Amsafe también lo reconocen como "un intento más por obtener recursos y evitar que paguen los que más tienen o evaden".
¿A quiénes ajusta Pullaro?
"Ajustar es ir minando día a día las resistencias de quienes viven en un estado de zozobra pensando si habrá para comer, para pagar el alquiler, comprar un medicamento o si se será une más en la lista de despedides o cuándo podrá jubilarse. Y en la primera línea estamos las mujeres y las disidencias para paliar el hambre, para hacernos cargo de les pibes rotes por el sistema, tratando de sobrevivir en barrios donde las comunidades han sido vulneradas en todos sus derechos por el Estado, sea municipal, provincial o nacional. Allí donde los narcos avanzan porque los gobiernos los han abandonado a su suerte", apuntan desde la Asamblea.
Y señalan que el gobierno de Pullaro podría resolver los problemas económicos de la provincia gravando impositivamente a grandes empresas. "En nuestra provincia hay 20 empresas ligadas al complejo exportador que facturan anualmente más de seis billones de pesos, que es prácticamente cuatro veces el presupuesto total del año 2023. Une ciudadane de a pie, por cualquier actividad comercial, una peluquera por ejemplo, paga al Estado santafesino un 3,5% en calidad de ingresos brutos. Si se le aplicara este porcentaje a estas empresas la recaudación prácticamente equivaldría al presupuesto total del Ministerio de Educación y sería casi diez veces más de lo asignado al funcionamiento de ministerios como el de Trabajo y Desarrollo Humano", sostienen.
"¿Dónde está el problema entonces? ¿En las cocineras de los comedores comunitarios sospechades de corruptes? ¿En les trabajadores que se cesantean pese a que fueron legalmente incorporades a planta permanente? ¿En los contratos miserables que no llegan a 150 mil pesos del personal de la Secretaría de Niñez? ¿En el ausentismo docente por enfermedad? ¿En les empleades del Estado que pagan a la Caja de Jubilaciones en concepto de aporte el 14,50% del total de sus remuneraciones?", cuestionan desde la organización feminista local.
"El hilo se corta por lo más delgado. Basta de despidos. Basta de culpar a les trabajadores. Basta de precarización. Basta de miserables raciones alimentarias. Pará Pullaro, pará", finalizan.
Escribe. Se especializa en la temática trans-travesti y las notas viscerales.
