La Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó la implementación de juicios por jurado en la provincia, pero con modificaciones, por lo que volvió a Diputados. Se excluyeron algunos delitos en los que se implementaría y que son claves a la hora de pensar en la perspectiva de género. ¿Por qué sería arriesgado que un tribunal civil juzgara los delitos de abusos sexuales?
En la provincia de Santa Fe, la implementación del juicio por jurado ya tiene sanción en ambas cámaras pero, como se incluyeron modificaciones en el Senado, volvió a Diputados. Lo que propone esta herramienta es que un tribunal de civiles, que no tienen conocimientos sobre el código penal, presencie un juicio completo y defina la culpabilidad o no de acusados en determinados delitos penales
El objetivo general es “democratizar la justicia”, es decir, permitir que la sociedad civil pueda -y deba- intervenir en el único poder del Estado en el que todavía no tenía injerencia directa. Permite transparentar la justicia y acercar a la población y su visión de justicia al sistema judicial. Pero incluir esta figura en casos de abusos sexuales, corrupción de menores y femicidios, ¿nos dejaría más tranquilas o nos asustaría en un contexto en el que los discursos de odio no paran de avanzar? ¿Cuál es la idea de Justicia que se podría reflejar? ¿Una con perspectiva de género o una que puede repetir estereotipos patriarcales de poder?
La Cámara de Diputados había aprobado el proyecto que en su artículo 2 establecía el juicio por jurados en delitos como femicidios, abusos sexuales agravados, corrupción de menores y lesiones calificadas por violencia de género, entre otras. La Cámara de Senadores, por su parte, modificó ese artículo. Sólo incluyen a los delitos de homicidios calificados, abusos sexuales seguidos de muerte, robo calificado por homicidio y los cometidos por personal policial o penitenciario que actúe en un enfrentamiento, incluso estando fuera de servicio o de franco.
Cómo será el juicio por jurado en Santa Fe
El proyecto de ley aprobado establece que el jurado deberá estar integrado por 12 personas entre las que habrá paridad de género, es decir que la mitad serán varones y la otra mitad mujeres. Además, debe haber al menos dos suplentes también con paridad. En los casos en que el juicio se pueda prolongar, se permitirán más suplentes.
El tribunal de civiles decidirá si una persona es o no culpable del delito. Los jueces serán los encargados de guiar el proceso y también quienes definirán los montos de las penas.
¿Aumentará la participación civil?
Hay diez provincias argentinas que ya implementaron los juicios por jurado, en varias de ellas los crímenes contra la integridad sexual están incluidos. La primera en aplicar juicios por jurado en general fue Córdoba, luego le siguieron Neuquén, Chaco y Buenos Aires. Las últimas jurisdicciones en incorporarlo fueron San Juan, Mendoza, Río Negro, Entre Ríos, Chubut, Catamarca y CABA.
Patricio Cozzi es abogado defensor y querellante en Paraná y siempre estuvo a favor de la incorporación de los tribunales civiles. “Para mi fue una herramienta positiva en nuestra provincia, no tengo datos de absoluciones por juicio por jurado”, indicó. Consultado por la inclusión de delitos contra la integridad sexual, el abogado indicó que un jurado técnico (es decir uno integrado por jueces) tampoco garantiza que haya perspectiva de género. “Esos jueces son también personas que tienen una vida en la sociedad, pero que también son funcionarios y poseen muchos privilegios”, advirtió. “No a todos, pero esto muchas veces los aleja de la realidad”, agregó.
Para Cozzi no hay dudas de que la implementación de juicios por jurado aumenta la participación de los ciudadanos. “Los que deciden sobre las pruebas luego de tener presente todas las evidencias son 12 personas y no tres jueces varones que también están influidos por el contexto”, opinó. En esa línea, aclaró que si bien todos los trabajadores de la justicia tienen la capacitación en género por medio de la Ley Micaela, esto significa un avance pero no es suficiente.
Lara Linari es abogada en Entre Ríos y especialista en temáticas de género. En diálogo con Periódicas indicó que para empezar a hablar sobre el tema es importante aclarar que la justicia “de por sí tiene una mirada machista”. Haciendo esa salvedad, aclaró que no se toparon con grandes inconvenientes a la hora de implementar la herramienta. “Hablé con muchos colegas y todos coincidimos en que el porcentaje de condenas y absoluciones es similar al que había cuando la decisión la tomaban solo los jueces técnicos”, remarcó.
Para Linari, además de democratizar la justicia, este sistema “nos acerca y nos interpela, lo que en muchas circunstancias sirve para visibilizar y prevenir futuros delitos” y aseguró que el propósito siempre es “tener una sociedad mejor”.
¿Hay riesgo de revictimización?
Un juicio por abuso sexual o violencia de género conlleva una gran exposición para la persona denunciante. Hasta ahora, una sobreviviente debe exponerse, por lo menos, a una entrevista con la fiscalía y a una declaración ante los jueces. Es cierto que en los casos en que se trata de menores de edad la declaración en el juicio se puede realizar en Cámara Gesell, pero no deja de implicar un gran desgaste y la persona es consciente de que la escuchan desconocidos. En algunos casos también deben responder preguntas a las defensas y querellas.
La implementación del jurado civil significa sumar a 12 personas más que deberían escuchar el o los relatos. Al respecto, Cozzi indicó que es cierto que las personas sobrevivientes están más expuestas, pero que siempre lo que se busca es disminuir los riesgos de “revictimizarlas”. “Como toda nueva herramienta conlleva acostumbrarse a que ahora el jurado natural es uno civil compuesto por 12 personas”, indicó. “Esto lleva tiempo pero es necesario y los resultados son buenos según nuestra experiencia en Entre Ríos”, valoró.
Linari, por su parte, aclaró que “todo el proceso expone a las denunciantes” pero que siempre ha habido mecanismos para reducir la “revictimización” de las personas que relatan situaciones de abuso sexual o violencia machista.
¿Avanzarán los discursos de odio?
En un contexto en el cual el gobierno nacional “prohíbe la perspectiva de género” y muchos discursos de derecha avanzan en todo el país, es lógico preguntarse sobre la posibilidad de que esas ideas se vean reflejadas en los veredictos de los jurados civiles. Respecto a este punto, el abogado Patricio Cozzi indicó que en todas sus experiencias notó que las personas toman con absoluta responsabilidad el papel que les toca. Una de las principales cuestiones que debe tenerse en cuenta es que la decisión sobre si creen o no culpable a una persona es al final del juicio, luego de un largo proceso en el que se le exponen todas las pruebas.“Todos esos discursos violentos o más extremistas que aparecen en la sociedad y que tomaron fuerza en los últimos tiempos, no se sostienen con tanta firmeza ante una explicación clara y ante el sentimiento de una responsabilidad”, expuso.
Esto quiere decir que todos los discursos patriarcales y violentos se apagan, o al menos se atenuan, ante una explicación clara de las pruebas y circunstancias y ante el sentimiento de que el futuro de una o más personas depende de uno.
La abogada Lara Linari destacó que la decisión del jurado no es guiada por “primeras impresiones”, sino que se toma luego de un proceso largo de juicio, tras un debate y muchos pasos previos. “A la vez también tenemos que pensar que un juez, por mucho que sepa de derecho, tampoco está exento de los prejuicios o los climas de época”, aclaró.
Cómo probar la violencia sexual y de género
Ambos abogados coincidieron en que la clave para evitar que la implementación del juicio por jurado falle es adaptar la labor de los trabajadores de la justicia a esta nueva realidad. “Las personas que forman parte del tribunal tienen que comprender las pruebas y para eso es importante saber explicarlas”, indicó Cozzi. Para él, los jueces deben guiar al jurado durante todo el proceso “hablando en el llano para que lo que digan sea entendido por cualquier persona”.
Por otra parte, Cozzi remarcó que los procedimientos y exposición de pruebas de los fiscales, los defensores y los querellantes fueron modificados en Entre Ríos, aunque es un proceso al que todavía le falta. “Ahora hay que estar muy atentos a lo que pasa en la sociedad y explicar de manera clara las pruebas, sobre todo lo que tiene que ver con perspectiva de género”, aseguró y advirtió que la claridad en la explicación no debe afectar la validez de las pruebas.
Linari se refirió a la necesidad de adaptar el lenguaje técnico que usan los abogados a uno más sencillo. “Hay que explicar las pruebas producidas sin quitarles rigurosidad ni validez”, indicó y añadió que “esto implica una forma de litigar distinta, con formación de todas las partes y aún mayor capacitación sobre género”.
Como todo nuevo mecanismo, el juicio por jurado trajo aparejadas modificaciones en el procedimiento, en este caso en Entre Ríos. Y demostró funcionar en otras provincias con buenos resultados. Una salvedad que hicieron los dos entrevistados es que “lleva tiempo” y “se deben ir corrigiendo los errores”.
Por el momento, en Santa Fe se logró evitar ese proceso de “adaptación”, con la limitación que hizo el Senado en cuanto a los delitos en los que se aplicará el juicio por jurados. Aunque no se descartan incorporaciones más adelante cuando la norma ya esté vigente y funcionando. Ante la posibilidad de utilizar el jurado de civiles en casos de violencia contra la integridad sexual, es importante preguntarse: ¿De cuánto tiempo será esa adaptación y a quién afectará más? En lo que respecta a la perspectiva de género, ¿todos los actores involucrados estarán realmente preparados? Todo eso no dependerá sólo de la participación de la sociedad, sino de la preparación de quienes la guiarán.
Autora: Thamina Habichayn
