Néstor García, el padre de Micaela, dio una charla en Santa Fe. Habló de la adhesión a la ley por parte del Consejo Interuniversitario y afirmó que nuestra provincia fue fundamental para que otras se sumen a la normativa.
Néstor “Yuyo” García es decano de la UTN Regional Concepción del Uruguay y padre de Micaela, titular además de la Fundación “Micaela García”. Este viernes estuvo en Santa Fe y dio una charla técnica sobre las características de la Ley N° 27.499, impulsada y aprobada tras el femicidio de su hija.
La jornada se organizó tras la adhesión de la Facultad Regional Santa Fe a la normativa. "La ley es corta, tiene 11 artículos, es bastante concreta y precisa. No necesita reglamentación porque está muy clara. Establece la capacitación para los tres poderes del Estado Nacional en todos los niveles y jerarquías, para todas las personas. Esa es una confusión que suele darse, se cree que es sólo para funcionarios pero es para todos los integrantes del Estado. Así lo establece el artículo primero. Es decir, está destinada a todos los empleados nacionales", explicó García previo a la actividad.
La ley Micaela en las universidades
El titular de la Fundación se refirió a la última reunión plenaria del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) realizada este 8 de abril, donde los rectores resolvieron adherir a la Ley Micaela. "A mi me invitaron a participar de la redacción de la iniciativa como representante de la UTN en la Red Universitaria de Género (RUGE) del Consejo. Además, me solicitaron que sea el que le pida a los rectores, en el encuentro, el tratamiento del proyecto y así lo hice", contó Néstor.
Según detalló, en esa jornada los titulares de las casas de altos estudios aprobaron además de la adhesión, recomendar a las universidad integrantes del CIN que hagan lo propio. "Se les solicitó a todas las universidades públicas tanto nacionales como provinciales (65 instituciones) y que la Red RUGE sea el órgano asesor para implementar protocolos de género", agregó el impulsor de la iniciativa. En este sentido, detalló que "la mitad de las universidades públicas no tienen protocolo de actuación ante un caso de violencia" y ejemplificó que "en la UTN se aprobó uno de manera reciente, que está costando implementar en las 30 facultades regionales".
La ley Micaela en las provincias
Además, el padre de Micaela recordó que en el artículo 10 de la normativa se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las provincias a adherir a la ley. "Santa Fe fue la primera provincia en adherir a partir de un proyecto del Poder Ejecutivo. El gobernador ya instaló un protocolo además, para el seno del Ejecutivo. Fue fundamental para que otras provincias tomen la misma decisión", afirmó.
En el mismo sentido, aseguró que la mayoría de las provincias ya están trabajando en la adhesión. "Son muy pocas en las que el poder político no se ha manifestado al respecto. En otras, hay una decisión política por parte del Ejecutivo y hasta cuatro proyectos presentados. Esto seguramente, se va a ver reflejado en los presupuestos", estimó García.
Respecto de la provincia de Entre Ríos, Néstor contó que las gestiones están demoradas. En el vecino territorio, hay dos proyectos presentados. "La semana que viene me invitaron a una reunión donde van a estar legisladores de ambas cámaras para analizar cuál es nuestra mirada desde la Fundación. La idea es articular ya que no nos gustan las iniciativas presentadas y creemos que se pueden mejorar mucho", aseguró.
García planteó la metodología que buscan implementar para acompañar el cumplimiento de la ley. "Las organizaciones civiles tienen que tener más participación, principalmente, en el control de las capacitaciones, en la administración de estos cursos. Queremos hacerlo a través de la Fundación. Hay una especie de acuerdo. Estuvimos reunidos con el gobernador Gustavo Bordet y manifestó la intención de adherir a la normativa con los términos que nos parecen lo correcto", contó en relación a la vecina provincia.
"Sinceramente, si las capacitaciones caen en la responsabilidad del Ejecutivo de una provincia estamos a la voluntad del gobernante de turno y creemos que el Estado no puede auditarse a así mismo. Por eso, es fundamental la participación civil y estamos replicando las capacitaciones para que más personas se puedan preparar", concluyó el padre de Micaela.
La ley Micaela fue aprobada el 20 de diciembre de 2018 en la Cámara de Diputados de la Nación y al día siguiente, el Senado hizo lo propio. La normativa fue promulgada por el Ejecutivo el 10 de enero de este año.
Texto: Rut Marega y Carla Zorzón Foto: Prensa UTN Facultad Regional Santa Fe
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