Hasta el domingo 27 de julio la Convención Reformadora abre la posibilidad de presentar, en formato físico o vía web, proyectos de iniciativa ciudadana. Desde la capital provincial, la Multisectorial por el acceso a la Participación Ciudadana en la Reforma reúne 10 proyectos que recogen buena parte de la materia en discusión. Acá los juntamos todos para que las y los convencionales puedan leerlos.
El reglamento adoptado por la Convención Reformadora, que inició la semana pasada, admite la presentación de proyectos para la nueva Constitución santafesina. El plazo comenzó a correr el jueves pasado y se extiende hasta el domingo 27 de julio.
La presentación puede ser física, en la Mesa de Entrada del Senado provincial o vía web a través del siguiente link en la pestaña "Sumá tu propuesta", con un usuario de Acceso centralizado a sistemas que puede crearse en el momento.
¿Qué propuestas circulan entre las organizaciones santafesinas?
Agrupadas en una Multisectorial por el acceso a la Participación Ciudadana en la Reforma, agrupaciones santafesinas reúnen diez documentos en torno a diferentes ejes en discusión en la Convención.
Si bien la propuesta de reforma impulsada por el frente Unidos es parcial y pone a discusión materia específica, la discusión abre la puerta a incorporar conceptos y marcos del derecho que promuevan una mayor amplitud democrática, y a otros sujetos y eslabones del derecho.
En ese sentido, distintas organizaciones santafesinas promueven proyectos de incorporación específica de articulado o principios rectores del nuevo texto de la carta magna.
Desde Periódicas nos propusimos recoger esas iniciativas para ponerlas a disposición de los ciudadanos, pero también de los convencionales.
La educación y los secundarios
Una de las materias puestas a discusión en la reescritura de la Constitución es el reconocimiento de la Educación Secundaria.
En ese sentido, el documento elaborado por el Movimiento de Unidad Secundaria propone algunas observaciones específicas que giran en torno a incluir en el nuevo texto la Educación Sexual Integral, el Financiamiento Educativo, la Inclusión y adaptación en las instituciones educativas, la Protección a los Centros de Estudiantes y la Participación estudiantil institucionalizada.
A grandes rasgos, la propuesta busca incluir principios que permitan avanzar en materia legislativa específica en torno a:
- Accesibilidad educativa, basada en la adaptación tanto edilicia como de contenidos y en la inclusión extensiva.
- Incluir como obligación del Estado crear políticas activas de inclusión, permanencia y egreso, como becas integrales, boleto educativo gratuito, comedores escolares, acceso a
dispositivos y conectividad. - La obligación de prestar educación sexual en las instituciones educativas santafesinas, en todos los niveles y modalidades, como parte de los planes de estudio y de cursado de forma
obligatoria, promoviendo una formación integral, crítica y transformadora que conste con los
materiales pedagógicos necesarios para instruir la correcta enseñanza de la misma. - El reconocimiento del derecho a la organización política estudiantil, con representación
democrática y libertad de expresión garantizada en las instituciones de nivel secundario,
terciario y universitario. - El reconocimiento del estudiantado como sujeto actor en las decisiones educativas con
derecho a intervenir y ser escuchado en dichas decisiones pedagógicas, institucionales y
administrativas que tengan impacto en su formación y condiciones de cursada.
Salud
En cuanto a la salud, el documento elaborado por Médicos Rurales, propone la incorporación de un enfoque de salud integral, centrado en la promoción y prevención y que observe los factores ambientales, socioeconómicos, culturales y comunitarios, la accesibilidad universal y territorialmente equitativa, sin condicionamientos geográficos, económicos, culturales e informativos en el acceso.
También propone establecer parámetros para el fortalecimiento de los recursos humanos en salud, la protección ambiental como parte del concepto de Salud y la participación ciudadana en la gobernanza del sistema de salud y la modernización del sistema.
Jubilaciones
Acerca del régimen de jubilaciones, el documento eaborado por la Multisectorial de Jubilados "Marcha de los banquitos" propone el sostenimiento del Régimen de Jubilaciones y Pensiones en el ámbito público, como un sistema de reparto, solidario y estatal y con una Caja de Jubilaciones protegida de transferencias.
Respecto del haber jubilatorio exigen la inclusión en la carta del piso del 82% de los activos, pagados en tiempo y forma. Y en relación a derechos reclaman la incorporación de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos de personas Mayores y la inclusión en la Constitución de la figura del Defensor de Adultos Mayores.
Derechos Humanos
Desde el Encuentro Provincial por los Derechos Humanos, la propuesta incluye:
- Incorporar instrumentos internacionales con jerarquía constitucional en el artículo 2.
- Adecuar los alcances del Hábeas Corpus al estándar definido por la Constitución Nacional en el artículo 9, observar el Derecho de reunión en el artículo 13.
- Ampliar el derecho a la cultura en el artículo 22.
- Ampliar la protección del derecho humano a la Educación en los artículos 109 a 113.
- Incorporar en la carta magna al Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa.
- Incorporar la Seguridad Pública como un derecho fundamental.
- Incorporar una "Cláusula democrática y republicana" para garantizar la defensa del orden constitucional.
Personas con discapacidad
Desde las organizaciones de personas con discapacidad la propuesta abarca como principios rectores incorporar en el texto constitucional:
- La dignidad humana, autonomía y libertad de elección.
- La no discriminación, igualdad sustantiva y equidad de género.
- La accesibilidad universal y ajustes razonables.
- La participación plena y efectiva en la vida social, cultural, política y económica.
- La interseccionalidad y respeto por la diferencia.
- La inclusión digital y democratización de las tecnologías.
- La igualdad entre mujeres, varones y diversidades con discapacidad.
- La interdependencia, ética del cuidado y corresponsabilidad social.
Además de propuestas de temáticas específicas:
- Sujeto de derecho, discapacidad y ciudadanía. Reconocer a las personas con discapacidad como sujetos plenos de derecho, garantizando su autonomía, capacidad jurídica, igualdad ante la ley, y acceso a sistemas de apoyos para la toma de decisiones, conforme al artículo 12 de la Convención de Personas con Discapacidad (CPDP).
- Igualdad y no discriminación interseccional. Incluir una cláusula que prohíba toda forma de discriminación por motivos de discapacidad, género, orientación sexual, identidad de género, edad, situación socioeconómica, etnia o cualquier otra condición. Garantizar medidas de acción positiva para grupos históricamente excluidos, en particular mujeres y diversidades con discapacidad, conforme a los artículos 5 y 6 de la CDPD y a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer(CEDAW).
- Accesibilidad universal. Establecer el derecho a la accesibilidad universal como garantía constitucional. Incluir su carácter transversal y obligatorio en las políticas públicas, en el urbanismo, transporte, educación, justicia, cultura, salud, información y tecnología.
- Derecho al trabajo con perspectiva de discapacidad y género. Reconocer el derecho de las personas con discapacidad al trabajo en condiciones justas, dignas, igualitarias y sin discriminación. Garantizar el cupo laboral del 5% en el empleo público (Ley Provincial N° 13.853) y mecanismos de fiscalización. Establecer incentivos al empleo privado, formación continua, accesibilidad y ajustes razonables. Incorporar una mirada interseccional que contemple la exclusión laboral de mujeres con discapacidad y diversidades.
- Educación inclusiva, equitativa y no sexista. Incorporar el derecho a una educación inclusiva, en todos los niveles, basada en el diseño universal, sin prácticas segregadoras. Garantizar contenidos accesibles, no sexistas ni capacitistas, y la formación docente con perspectiva de discapacidad y género. Asegurar apoyos personalizados y sistemas alternativos de comunicación.
- Salud integral, sexual y reproductiva. Garantizar el derecho a la salud integral, con especial atención a la salud mental, sexual y reproductiva de personas con discapacidad, en igualdad de condiciones. Prohibir prácticas coercitivas como la esterilización forzada o tratamientos sin consentimiento informado. Incluir la perspectiva de género, diversidad y autonomía corporal.
- Participación política y accesibilidad electoral. Asegurar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las personas con discapacidad, incluyendo el voto accesible, la información en formatos alternativos y la posibilidad de ser elegidas para cargos públicos. Promover la representación de personas con discapacidad en los órganos legislativos y de gobierno.
- Protección frente a la violencia por razones de género y discapacidad. Reconocer la violencia por motivos de género y discapacidad como forma de vulneración de derechos humanos. Establecer políticas públicas de prevención, atención integral, acompañamiento con apoyos y acceso efectivo a la justicia. Incluir las violencias estructurales e institucionales, especialmente en ámbitos de encierro o institucionalización.
- Derechos digitales, acceso a la información y tecnologías accesibles. Reconocer el derecho al acceso universal y accesible a las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), como parte del derecho a la educación, la salud, el trabajo, la cultura y la participación política. Garantizar la accesibilidad digital en todas las plataformas gubernamentales y educativas. Establecer el principio de soberanía tecnológica, equidad digital y alfabetización accesible como parte de la democratización del conocimiento.
- Participación de las organizaciones de personas con discapacidad. Reconocer el derecho de las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas a participar activamente en la elaboración, implementación y evaluación de leyes y políticas públicas. Esta participación debe ser libre, activa, informada y con recursos adecuados, conforme al artículo 4.3 de la CDPD.
- Cláusula de progresividad y control. Incluir una disposición que obligue al Estado a garantizar la progresividad de los derechos reconocidos, sin regresividad, y a destinar los recursos necesarios para su implementación efectiva. Establecer mecanismos de control constitucional y participación ciudadana, con enfoque de discapacidad y género.
Cultura
Desde el colectivo Cultura de pie la propuesta de reforma avanza sobre el artículo 22, y exigen la garantía sobre "el pleno ejercicio de participación de los derechos culturales individuales y colectivos, con una perspectiva intercultural, humanista e interseccional, bajo el principio de no discriminación en todo el territorio provincial", poniendo en valor los saberes de "comunidades preexistentes y persistentes, de pueblos originarios y de afroargentinas/os, saberes populares regionales de identidad plurinacional y latinoamericana, y las manifestaciones culturales, con especial arraigo en el territorio provincial, como también los saberes científicos- tecnológicos".
En su texto también ponen el acento sobre el cuidado del patrimonio material e inmaterial salvaguardado en los espacios de memoria social/colectiva, edificios, monumentos, documentos, archivos, manifestaciones culturales y el patrimonio natural, como las islas, humedales, márgenes de ríos, elementos cruciales de la identidad cultural regional y la promoción de "la libre creación artística, la producción, circulación, difusión y disfrute de los bienes y servicios culturales".
Incluyen en el escrito, además, la protección de los intereses morales y patrimoniales de las creaciones artísticas, el fomento de la educación artística desde la primera infancia, en todos los niveles y modalidades, como así también la formación profesional de artistas y trabajadores de la cultura, el reconocimiento y protección de los derechos laborales de los mismos, la promoción de la profesionalización y la garantía del derecho a ejercer su trabajo en condiciones dignas, acordes a las especificidades de su función y sector.
Por una Constitución Ecosocial
En cuanto a las cuestiones ecosociales, 36 organizaciones impulsan una propuesta que engloba la inclusión de una cláusula ambiental ecocéntrica que articule el reconocimiento del derecho a un ambiente sano con el derecho de la naturaleza al respeto integral de su existencia y ciclos vitales.
También proponen incorporar los principios ambientales reconocidos a nivel nacional (Ley 25.675) y actualizarlos incorporando otros nuevos, reconocer el derecho humano al agua como fundante de la vida en sus dimensiones individuales y colectivas, así como el derecho a la ciudad y a la ruralida, incluyendo el ordenamiento territorial por cuencas hídricas y la creación de entes de gestión público-social que garanticen el acceso equitativo y eviten la privatización de ríos o la mercantilización del agua, incorporar el concepto de sustentabilidad y modalidades de producción y consumo que resguarden los límites planetarios; impulsando una transición hacia modelos agroecológicos y de soberanía alimentaria, basados en sistemas alimentarios locales, biodiversos y libres de agrotóxicos.
También solicitan incorporar instrumentos y herramientas de diseño y gestión de políticas públicas socioambientales, la mitigación y adaptación al cambio climático como deber del Estado y de los particulares, el reconocimiento a la función social y ecológica de la propiedad, estableciendo límites al uso de la propiedad que implique destrucción ambiental o afectación de derechos colectivos, especialmente en zonas rurales y periurbanas.
También incluyen la protección de los suelos, la calidad del aire, los cursos de agua y la diversidad biológica, con especial énfasis en los humedales, su preservación, restauración y protección frente a incendios intencionales, dragados indiscriminados o avance de fronteras extractivas; el reconocimiento a la ciencia y a los saberes colectivos y ancestrales como bien común y sintonizar la reforma con el artículo 75 inc. 17 de la Constitución Nacional en materia de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, garantizando el derecho a sus territorios ancestrales, la consulta libre, previa e informada, y la protección de sus formas de vida frente a la destrucción ecológica y cultural.
También piden incorporar mecanismos permanentes de participación ciudadana directa o semi-directa especialmente ante grandes proyectos que puedan afectar gravemente los ecosistemas y su porvenir, fortalecer el acceso a la justicia en materia ambiental, promover el acceso a la información y la generación activa de información de parte del estado provincial.
En el documento que impulsan las organizaciones, proponen incluir instituciones de representación de la naturaleza y las generaciones futuras; y la dimensión ambiental al Consejo Económico y Social, denominándolo Consejo económico, social y ecológico de la Provincia de Santa Fe.
Además buscan garantizar el derecho a la protesta social y a la libre expresión de las comunidades en defensa del ambiente, rechazando cualquier intento de criminalización o persecución; crear entornos seguros para defensores ambientales, prohibir expresamente la mercantilización de los bienes comunes a través de figuras como los créditos de carbono o compensaciones corporativas, que perpetúan la contaminación y la desigualdad.
Las comunidades preexistentes
Las comunidades preexistentes y persistentes santafesinas proponen la incorporación de todo un capítulo que reconozca en el articulado "la preexistencia y la persistencia étnica y cultural de sus comunidades ancestrales, migrantes o campesinas y de personas o familias auto-identificadas como pueblos originarios, indígenas o afro-argentinos aunque no vivan en comunidades, las que forman parte de la diversidad y complejidad de su propia historia, siendo inviolables los
derechos a sus prácticas sociales".
Los representantes de las comunidades exigen el reconocimiento constitucional de su autonomía comunitaria, además del reconocimiento a la naturaleza y sus ecosistemas, como un sujeto de derechos con la consecuente protección.
También proponen el reconocimiento del "buen vivir" como política pública del estado provincial, que garantice que las personas, comunidades y pueblos gocen efectivamente de sus derechos y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades y de la convivencia armónica y equilibrada con la naturaleza, además de la integración pluricultural y plurinacional, y de la brecha cultural que imposibilita el ejercicio pleno de los derechos como un marco para leyes específicas con medidas positivas.
Sobre el derecho a la ciudad
Un grupo de 23 organizaciones impulsan su propio documento con propuestas de articulado en torno al acceso a la ciudad prevista como materia a incluir en la Ley de Reforma.
En esa propuesta buscan garantizar "el derecho a la ciudad como derecho al uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente", comprendiendo "el pleno ejercicio de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía, como así también la preservación de la memoria y la identidad cultural".
En la iniciativa promueven el derecho a vivir en ciudades justas, inclusivas, accesibles y ambiental y ecológicamente sostenibles, a participar en la planificación y gestión democrática del territorio, al acceso equitativo al suelo urbano, a la vivienda adecuada (segura, asequible, culturalmente apropiada, provista de servicios básicos - agua, electricidad, saneamiento, conectividad- y al hábitat (con acceso a los equipamientos que cualifican la vida urbana), a la infraestructura, el espacio público y la movilidad, articulando con los territorios y comunidades rurales, a una ciudad sin discriminaciones de género, edad, capacidad, condiciones de salud, ingresos, nacionalidad, etnia, condición migratoria, orientación política, religiosa o sexual.
Y, como responsabilidad del gobierno de la provincia de Santa Fe, proponen la garantía sobre la función social y ecológica de la propiedad urbana, la protección contra desalojos arbitrarios y la especulación inmobiliaria, mecanismos efectivos de participación ciudadana en el diseño y gestión las políticas urbanas, la producción y acceso a la información, de forma clara y accesible a toda la
ciudadanía, la obligación de progresividad y prohibición de no regresividad del derecho a
la ciudad, debiendo utilizar el máximo de los recursos posibles a tal fin, el monitoreo/control de las políticas públicas por parte de la ciudadanía y la sociedad civil.
La iniciativa apunta a un articulado específico que reconozca el valor de las preexistencias urbanas y comunitarias como procesos de producción social del hábitat, la incorporación de los inmuebles ociosos para la reducción de déficit habitacional, la recuperación de viviendas precarias y la promoción de programas de producción autogestionaria del hábitat, el derecho a la regularización dominial y catastral de los asentamientos consolidados, con criterios de radicación definitiva y la integración social y urbanística de los pobladores.
En la misma propuesta también impulsan la gestión democrática del espacio público y los bienes comunes urbanos, la promoción del compromiso social de los agentes del sector privado en la
participación de programas sociales y emprendimientos económicos con la finalidad de desarrollar la solidaridad y la plena igualdad entre los habitantes.
Además del impulso de la economía solidaria y autogestionaria en la producción del hábitat y de políticas impositivas progresivas y otras de su competencia que la favorezcan y alienten, y mecanismos de participación ciudadana y de democracia semidirecta para la construcción de la Carta por el Derecho a la Ciudad en cada municipio y comuna de la provincia.
Por una Reforma feminista
Por parte de la Asamblea Ni Una Menos, impulsan un documento que avanzan sobre buena parte de la materia en discusión en la reforma, bajo una serie de principios rectores específicos para una Constitución con una mirada igualitaria y un futuro de equidad.
Esos principios son:
- Lenguaje inclusivo. Superar el uso y referencias en masculino que se toman por universales y que excluyen el reconocimiento de las mujeres y otros titulares de derechos en el lenguaje.
- Laicidad del Estado. Separación entre Estado e instituciones eclesiales, libertad de conciencia y de culto como derechos diferenciados.
- Principio de cuidados. Pretendemos un Estado cuidador que amplíe su rol social y económico, reforzado con los principios de solidaridad, inclusión y justicia de manera expresa, reconociendo el valor de las relaciones de interdependencia social que hacen posible la vida y el buen vivir, y estableciendo el mandato de garantizar el bienestar, dignidad y derechos de todas las personas y las comunidades. El Estado se obliga a proveer los medios para garantizar alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y condiciones de equidad entre las personas.
- Principio de igualdad sustantiva. Consagrar de forma expresa la igualdad sustantiva en dignidad, libertad y derechos, estableciendo el mandato al Estado de remover los obstáculos que impidan o dificulten el desarrollo individual y/o colectivo de grupos históricamente postergados como las mujeres, los pueblos originarios, las personas migrantes, las diversidades y disidencias sexuales, personas con discapacidad y afrodescendientes.
- Democracia paritaria. Establecer el deber de una participación paritaria en todos los espacios de la sociedad y en todos los poderes y niveles del Estado, la promoción de órganos colegiados y su integración paritaria, gabinete de gobierno y elecciones o designaciones en cargos unipersonales, estableciendo un mandato explícito al Estado y sus poderes, de transversalización del género en políticas públicas, legislaciones, sentencias y desarrollo institucional.
- Distribución del poder. Considerar formas de democracia directa y deliberativa como plebiscitos, consulta popular, mandatos revocables e integración de organizaciones sociales en la determinación de políticas públicas y legislaciones.
- Soberanía en el proyecto de vida. Reconocer el derecho de las personas al libre desarrollo de su personalidad, a la autodeterminación en relación con sus cuerpos y sus planes de vida y a contar con las condiciones sociales para el desarrollo individual, colectivo y el derecho a una vida libre de violencia.
- Derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Reconocer el derecho de todas las personas a la intimidad, al goce, la identidad sexual, la elección de la pareja, maternidad voluntaria, orientación sexual y ausencia de actividad sexual coercitiva. Así como acceder y obtener información, educación y medios para garantizar estos derechos.
- Derecho a la salud. Consagrar en forma expresa que es deber del Estado garantizar el derecho a la salud, el enfoque de género para la promoción de acciones especiales para la atención de la salud integral de las mujeres y disidencias sexuales, incorporando la cosmovisión de salud de los pueblos originarios.
- Derecho a la seguridad social. Garantizar la continuidad de los principios del sistema de seguridad social solidario con reconocimiento y modificación de las desigualdades estructurales de género en el mercado laboral.
- Derecho a la educación pública. Garantizar el derecho de todas las personas a acceder a una educación pública, gratuita y de calidad, laica, no sexista, democrática, intercultural e integradora. Reconociendo la autonomía progresiva en el desarrollo educativo de la niñez y adolescencia y afianzando las condiciones de respeto, no discriminación y desarrollo integral. Fortalecer la red pública de educación superior y su rol en el desarrollo del conocimiento, la ciencia y la tecnología con perspectiva de género y al servicio de la comunidad.
- Trabajo digno y tiempo libre. Garantizar el trabajo digno conforme el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Garantizar ambientes laborales libres de violencia y acoso sexual en el ámbito laboral. Reconocer el valor económico del trabajo doméstico y de cuidados incorporándolo en la formulación y ejecución de las políticas públicas. Replantear el modelo de trabajo remunerado compatibilizándolo con las labores de cuidados, promoviendo la corresponsabilidad. Asimismo, replantear el derecho al uso del tiempo libre con perspectiva de género.
- Modelo de desarrollo ecofeminista. Considerar un modelo de desarrollo eco feminista, basado en un enfoque biocéntrico, respetuoso de la naturaleza y la biodiversidad, reconociendo la emergencia climática que vivimos a nivel global y estableciendo un mandato para terminar con un modelo extractivista de producción. Establecer la obligación del Estado de resguardar los bienes comunes, la biodiversidad, la energía renovable y el derecho al agua. Establecer la participación de la comunidad mediante audiencias públicas vinculantes para los servicios esenciales.
- Acceso a la justicia y protección de los derechos humanos. Establecer los mecanismos que permitan asegurar el igual acceso a la justicia incorporando la perspectiva de género y diversidad en la formación y el desarrollo institucional. Incorporar los principios de derechos humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y no regresión. Asimismo, incorporar de forma explícita los tratados de derechos humanos.
- Territorios y ciudades feministas. Propiciar la construcción de territorios y ciudades feministas, donde las configuraciones físicas, políticas y simbólicas logren el diseño y calidad de los diferentes espacios que habitan todas las personas, rompiendo con la división sexual del trabajo y la dicotomía espacio público –privado. Favorecer el respeto de las diferentes formas de producción social del hábitat, idiosincrasias, culturas, tecnologías y necesidades, considerando principalmente las formas de habitar de mujeres y diversidades sexuales.
- El derecho a la ciudad. Sostener el derecho a usar y habitar la ciudad en condiciones justas e inclusivas, con respeto a la diversidad y garantías de participación ciudadana en la planificación y gestión urbana. Impulsar el acceso al suelo, a la vivienda, a los servicios públicos, a la infraestructura y al espacio público, articulando con los territorios y comunidades rurales.
Sumá tu propuesta
Hasta el 27 de julio la Convención Reformadora habilita la presentación de proyectos ciudadanos para la reforma.
Los proyectos se pueden ingresar presencialmente a través de la Mesa de Entradas del Senado de la provincia o en formato digital a través del siguiente link en la pestaña "Sumá tu propuesta" con un usuario de Acceso centralizado a sistemas que puede crearse en el momento.
Escribe. Se especializa en la temática trans-travesti y las notas viscerales.
