La Red de Mujeres por la Justicia presentó un amparo contra el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa para exigir el cumplimiento del principio constitucional de paridad de género en la Corte Suprema, ante el posible avance de los pliegos enviados. Sorda a los reclamos de organismos letrados y de organizaciones, la Legislatura se prepara para votar este jueves a los candidatos de Pullaro.
Desde la Red de Mujeres por la Justicia presentaron, el 18 de febrero, un recurso de amparo colectivo contra el Poder Ejecutivo provinicial por la violación del principio constitucional de paridad en la conformación de la Suprema Corte de Justicia santafesina.
El documento exige la "nulidad y/o inconstitucionalidad parcial" de los pliegos y una "sentencia exhortativa que reconozca y establezca para el futuro", tanto en cabeza del Poder Ejecutivo como de ambas Cámara de la Legislatura.
Mediante la iniciativa buscan que la Justicia provincial se expida sobre "el deber de cumplir con la normativa convencional, constitucional, legal y reglamentaria" que impone "tomar medidas de acción positiva para garantizar la paridad de género" en la composición de la Corte.
Seguimiento
Desde la Asociación ya habían presentado en enero las impugnaciones correspondientes a las candidaturas propuestas para ocupar los cargos de ministros y ministras de Justicia de la Provincia impulsadas por Pullaro.
En los documentos, dirigidos al secretario de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y a la presidenta de la Comisión de Acuerdos de la Legislatura, Lionella Cattalini, aclararon que "no impugnamos a la candidata mujer ni a los varones en particular" sino que el "reclamo está dirigido a corregir la postulación de modo tal que sean dos mujeres y un varón, para de ese modo cumplir con el mandato constitucional y convencional de paridad" y que "las postulaciones deberán realizarse producidas las vacantes, cuando sean presentadas y aceptadas las renuncias de los actuales ministros de la Corte", cuestión aún no saldada en actos.
En el mismo sentido, desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, en febrero, dirigieron una misiva a Cattalini y a la Comisión responsable de tratar el mensaje del Ejecutivo solicitando "evaluar detenidamente si, con las designaciones propuestas, se está cumpliendo debidamente, o no, con la directriz constitucional de procurar la paridad de género, contenida en el artículo 118 de la Carta Magna provincial".
Historia y mapeo
En los hechos, en 133 años de funcionamiento del Poder Judicial en Santa Fe, solamente dos mujeres han ocupado la máxima magistratura de la provincia.
Y en lo que respecta a la realidad nacional, de las 24 jurisdicciones solamente en dos provincias y CABA respetan la paridad. A razón de ello, de los 139 cargos de magistrados cubiertos en todo el país, 90 están ocupados por varones y 49 por mujeres.
Mientras tanto
Lo cierto es que, mientras avanzan estos recursos, la Legislatura hace oídos sordos y ojos ciegos a los reparos antepuestos no sólo por el Colegio y la Red sino también por las organizaciones, y este miércoles se realizará una audiencia pública respecto a los pliegos que serían votados el jueves 26.
"¿Puede el Estado provincial iniciar un proceso de designación de integrantes de la CSJSF cuando ni siquiera se han producido las vacantes que lo justificarían, desestimar sin respuesta alguna las impugnaciones formales presentadas en razón de género, y pretender que todo ello quede al margen del control judicial? La respuesta es, claramente, negativa", dicen desde la Red en el amparo presentado.
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"La historia no se construye con conductas neutrales"
En diálogo con Periódicas, Carina Estefanía, presidenta de la Red de Mujeres por la Justicia explicó que "el acceso de las mujeres a las máximas magistraturas ha estado restringido por las pautas culturales que contiene el patriarcado, que asigna roles diferenciados a cada género, asignándole a las mujeres las tareas domésticas o de cuidado y dejando la función pública para los varones".
"Esta discriminación estructural ha sido reconocida por los convencionales constituyentes de Santa Fe, que incorporaron un articulo a la Constitución dejando en claro esta circunstancia y, más aún, obligando a los funcionarios y funcionarias del Estado a tomar medidas de acción positiva para poner fin a esas prácticas discriminatorias", apuntó y resaltó el dato de que "en más de un siglo la CSJ de Santa Fe ha tenido solo dos mujeres y esto se repite en las provincias".
"Actualmente sólo dos circunscripciones tienen paridad y en las demás se han designado algunas mujeres, con excepción de dos provincias que todavía no tienen a ninguna", indicó la letrada.
En este sentido, Estefanía sostiene que la subrepresentación es contraria incluso a la realidad poblacional concreta: "Es importante destacar que las mujeres somos un poco más de la mitad de la población y tenemos derecho tanto de poder acceder a los cargos públicos como a estar igualmente representadas que los varones".
Y la inconsistencia se hace evidente en la normativa: "La sociedad reclama coherencia institucional, por ello no se explica cómo el gobernador, luego de propiciar la Reforma Constitucional, aprobada por unanimidad, incumple lo que allí se ha establecido".
"La teoría de los actos propios, la buena fe institucional, cobran relevancia cuando se presentan estas situaciones. En este sentido, muchas y muchos legisladores han sido Convencionales Constituyentes y pesa sobre ellos una doble responsabilidad. Las normas se dictan para ser cumplidas por toda la ciudadanía, no pueden excusarse de no hacerlo, ni siquiera aducir que no la conocen", remarcó Estefanía.
"La historia no se construye con conductas neutrales. Por el contrario, se construye con decisiones que implican elegir cambiarla o dejar que las cosas sigan como hasta ahora. Los legisladores y legisladoras de Santa Fe eligirán una u otra vía. Y así serán recordados", concluyó.
Escribe. Se especializa en la temática trans-travesti y las notas viscerales.
