Las historias de Natalia Acosta y de Mónica Aquino revelan que sus desapariciones no fueron hechos aislados ni misteriosos, sino el resultado de contextos de violencia y situaciones de vulnerabilidad. En este último episodio de la primera temporada de Tiene nombre, repasamos los dos casos que siguen atravesando a la ciudad de Santa Fe.
El 29 de mayo de 2009 fue la última vez que se supo algo de Natalia Acosta. Salió rumbo a su trabajo y nunca volvió. Pasaron 16 años, los responsables de su desaparición continúan libres y a Natalia todavía la buscamos.
A Mónica Aquino la vieron por última vez el 5 de mayo de 2023, en una de las esquinas donde solía trabajar, en el sur de la ciudad de Santa Fe. Ese día también se vio a su pareja, Hugo Pérez, gritándole y maltratándola, como ocurría habitualmente. La familia Pérez Aguirre fue condenada por explotarla, por forzarla a trabajar bajo amenaza. Pero por su desaparición, nadie responde. Mónica sigue sin aparecer.
Sus historias no son hechos aislados ni sucesos inexplicables. Los contextos violentos en los que vivían eran conocidos por muchos. Lo que les sucedió no fue un misterio: fue el desenlace de una trama de violencias.
En el último capítulo de esta primera temporada de Tiene nombre, repasamos los casos de Natalia y Mónica, dos nombres propios y rostros que siguen faltando pero que son el reflejo de muchas otras mujeres a quienes la desigualdad y la explotación siguen poniendo en riesgo.
Ante la ausencia estatal, organización social
El Foro contra la Trata nació en el 2013 cuando una adolescente de barrio Chalet faltó de su casa. Ante la falta de respuestas del Estado y la policía, fueron las docentes de su escuela quienes se organizaron para buscarla. Una de ellas fue Gladis Cividini, quien recordó que “en ese entonces no había el movimiento de ahora: no circulaban fotos por redes, no se viralizaban los pedidos de paradero”.
Frente a esa ausencia estatal surgió la organización. A esa primera búsqueda le siguieron muchas más y el Foro se convirtió en el punto de partida para articular una acción colectiva. “Decidimos formar el Foro y empezar a buscarlas, pegando fotos en postes, en la terminal; surgió para buscar pibas que desaparecían, que seguramente eran captadas para trata, que la policía no buscaba”, explica la docente.
Con el tiempo, a la búsqueda de mujeres desaparecidas se sumaron otras demandas: el acompañamiento a víctimas de violencia, la exigencia por el aborto legal y todas las luchas que fortalecieran los derechos de las mujeres y diversidades.
Gladis se refirió, además, a la profunda soledad de quienes buscan a estas mujeres y a la falta de acompañamiento por parte del Estado y las fuerzas de seguridad: “Es algo continuo, luchamos contra eso porque la gente de los barrios no sabe dónde ir cuando ocurre la desaparición, no hay información. Algo mejoró pero siguen sin saber dónde hacer la denuncia. Cuando desaparece una piba lo primero que hacen las familias es ponerse en contacto con las organizaciones”.
“En los casos de Natalia y de Mónica el agravante es que eran chicas prostituidas, no las querían buscar”, recuerda, y sostiene que se trata de casos profundamente atravesados por una cuestión socioeconómica, de clase, “son pibas vulneradas, la mayoría de lugares empobrecidos”, explicó. Además, hizo referencia a la permanencia en la opinión pública de algunos casos: “En el caso de Natalia hacemos siempre manifestaciones cada 29 de mayo. Con el tiempo van pasando, se van diluyendo esos casos”.
Natalia Acosta: demora e irregularidades en la investigación
Durante los primeros años de la desaparición de Natalia Acosta la investigación estuvo casi detenida por parte de la justicia provincial. Fue recién en 2016 que la carátura cambió de "averiguación de paradero" a "trata de personas", cuando la causa fue remitida al fuero federal.
A comienzos de 2017, el Ministerio de Seguridad de la Nación incorporó el caso de Natalia al “Programa Nacional de Coordinación para la búsqueda de personas ordenada por la Justicia”, estableciendo una recompensa a quien aporte información relevante.
A finales de 2017 Osvaldo Gabriel Cerri fue detenido. El principal acusado por la desaparición de Natalia trabajaba para el local nocturno Místico, en la peatonal santafesina. Murió el 13 de abril de 2019 en la cárcel de Las Flores. En abril de 2021 el fiscal federal Walter Rodríguez dio por cerrada la investigación ante la falta de resultados.
En diálogo con Periódicas, Rodríguez se refirió al primer contacto con el caso: “Asumí como fiscal federal en Santa Fe en diciembre de 2011, bastante posterior a la desaparición. En noviembre del 2016 la Corte Suprema de la Nación decide la competencia de la investigación y allí me avoqué al caso, en virtud del dictámen de la Procuración General de la Nación que decía que había que explorar la hipótesis de trata de personas”.
“El denominador común estaba afianzado en un solo suceso, desde el punto de vista jurídico, en aquel momento deberíamos hablar de privación ilegítima de la libertad", explicó el fiscal, y agregó: "A criterio de los familiares había un desempeño de la justicia provincial que no era el adecuado, por eso denuncian en la justicia federal. Algo muy arraigado en ese momento era que había que esperar un tiempo cuando una persona desaparecía y eso denominaba una actuación judicial en búsqueda de una persona, y el resultado negativo de esa costumbre de trabajar era que se perdían momentos sustanciosos para cualquier investigación que es actuar con suma premura para que las pruebas no desaparezcan y tomar las medidas que un caso de desaparición amerita. Sobre todo cuando había elementos concretos para presumir desde el inicio del hecho que no era una ausencia voluntaria por parte de Natalia”.
Mónica Aquino y su contexto de vulnerabilidad
La fiscala Alejandra Del Río Ayala llevó adelante la investigación del caso y, en el momento de la desaparición de Mónica Aquino, fue quien describió diversas situaciones de violencia de género que fueron denunciadas por la mujer y sus familiares y constatadas con pruebas y testimonios.
Aquino vivía “en un contexto de violencia extrema” en el domicilio que compartía con su pareja, su cuñado y su suegra. Sobre el trabajo que se lleva adelante en estas situaciones, Del Río Ayala aseguró que “uno de los principales problemas tiene que ver con la organización interna, la designación de estos casos”.
“Me parece importante también que se entienda que una búsqueda de persona no es un delito y, por tanto, en principio, no correspondería la intervención de un fiscal: nosotros solo investigamos delitos. Tomamos intervención porque, cuando una persona desaparece de su lugar habitual, así como puede ser que se haya ido por su propia voluntad, también puede ser que se haya ido porque está sufriendo algún tipo de violencia, o puede ser que no se haya ido, sino que esté siendo víctima de un delito. Entonces, ante esas alternativas y en ese marco, es que se interviene desde la policía, cuya esfera de actuación es mucho más amplia en casos no solo penales o delictuales, sino también en prevención o conflictos y con una mirada, si se quiere, de cada uno de estos casos desde la fiscalía”, explicó.
La fiscala agregó también que, en el caso de Mónica puntualmente, hubo ciertos factores de riesgo que fueron tenidos en cuenta para comenzar la investigación y ante los cuales se presumió la existencia de un posible delito de femicidio, sobre todo cuando se trata de mujeres en situación de vulnerabilidad.
“En este caso, yo no tomé intervención al inicio, me lo asignaron varios días después de su desaparición", relata Del Río Ayala. "Las primeras versiones fueron de quién era su pareja, que está condenado por explotación sexual, con lo cual era para tomar con pinzas, poco fidedigna la información. Una de las hipótesis, por supuesto, era el femicidio, más allá de que no era la única; pero siempre uno trata de investigar con el recurso mejor preparado o el que más abarca. En este caso, si se contempla la posibilidad de un femicidio, que es la expresión máxima de la violencia de género, fuimos con la Brigada de Femicidio”.
La funcionaria mencionó también que “se hicieron un millón de medidas, fue un caso difícil porque nosotros lo tomamos con la Brigada varios días después. No recuerdo pero creo que se hizo la denuncia de su desaparición al día siguiente y ya había pasado un tiempo. Además, no se activó la búsqueda porque todavía no se ha logrado destruir del todo este mito, incluso dentro de la fuerza policial, de que hay que esperar determinada cantidad de tiempo para empezar a buscar una persona. Esto no solo no es así sino que además los protocolos dicen todo lo contrario. Adicionalmente, cuando tenés mujeres en estos contextos de mucho riesgo, la búsqueda tiene que ser inmediata”.
“Tener la hipótesis del femicidio es trascendental al inicio de la investigación porque es la única manera de abrir todo el abanico de posibilidades, que no se te escape nada, aunque luego tengas que descartar. Creo que en esos primeros momentos hubo, por ejemplo, cámaras que no se pidieron; hubo cosas que se podían haber hecho y no se hicieron. Cuando agarramos el caso se volvió a analizar todo y se abrieron múltiples líneas de investigación, pero se hizo muy difícil”, finalizó Del Río Ayala.
El último capítulo
En este capítulo de Tiene nombre también charlamos con la periodista Soledad Mizerniuk, quien investigó el caso de Natalia Acosta y nos relató cómo vivió el compromiso por saber qué había ocurrido con ella. “Sentí que nadie la había buscado en serio, no podía creer que habiendo elementos no se siguieron esos indicios”, recordó.
La serie de podcasts Tiene nombre es realizada con la dirección de Thamina Habichayn y Belén Degrossi, la producción de Gabriela Filereto y la realización de visuales a cargo de Titi Nicola. En este episodio, además, contamos con la participación de Carolina Robaina, integrante de Periódicas e invitada especial, quien se encarga de realizar los pedidos de paradero en nuestro medio.
Podés escucharlo acá mismo, o en nuestra cuenta de Spotify.
