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Provincia dejó sin ejecutar $1.176 millones en políticas de género en 2024

políticas de género
La cifra se desprende de la respuesta de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad a un pedido de Acceso a la Información Pública realizado por Periódicas en noviembre del año pasado. El remanente no devengado implica un ahorro del 25%, mientras que en cuanto a lo no pagado asciende al 31% del presupuesto total. El documento brinda también información sobre programas vigentes y estructura de trabajadores, entre otros puntos.
Victoria Stéfano
Autora: Priscila Pereyra

A mitad de noviembre, tras 350 días, la secretaría de Mujeres, Género y Diversidad respondió un pedido de Acceso a la Información Pública realizado por Periódicas en 2024, revelando un remanente presupuestario en torno al 25% del total anual.

El informe refiere también a la situación de trabajadoras y trabajadores del organismo, programas ejecutados, lineamientos de políticas de diversidad sexual y un informe de acciones de la gestión.

Los datos toman relevancia en relación a 32 femicidios contabilizados por Mumalá hasta noviembre que posicionaron a Santa Fe entre las tres provincias con la mayor tasa de estos crímenes a nivel nacional.

Presupuesto

Por el ejercicio 2024, la Secretaría cedió dos documentos complementarios que informan un total de crédito vigente de 4.567.525.600 pesos para 2024. Es decir, el monto autorizado para gastar a esta área de gobierno en ese período.

El documento "Presupuesto de gastos con saldos" refleja un saldo sin comprometer de 355 millones. Es decir, el 7,78% del presupuesto.

Aunque el "Presupuesto de gastos por período - nivel limitativo", releva un remanente no devengado de 1.176 millones, es decir, el 25,8% del presupuesto; y un no pagado de 1.443 millones de pesos, o sea, el 31,6% del presupuesto.

¿Cómo interpretar esta información? El informe con saldos muestra el crédito remanente al cierre, o sea, lo que no se comprometió en obligaciones de ninguna manera.

El limitativo, en cambio, registra la ejecución detallada en términos administrativos y contables. Es decir cuánto del crédito autorizado llegó a devengarse -comprometerse para pagos- y a pagarse -efectivamente- en el período indicado.

La diferencia entre uno y otro marca lo que se comprometió para obligaciones y su saldo remanente, y qué monto de esos compromisos se ejecutó o no. La diferencia en este caso es de 821 millones entre lo que se comprometió y lo que finalmente no se ejecutó.

Y otro dato es la diferencia entre lo devengado y lo pagado, que representa las deudas que se trasladan al año siguiente, pagos demorados y servicios cuya orden de pago quedó pendiente. En este caso asciende a un monto en torno a los 267 millones.

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¿En qué se ahorró?

En un análisis más pormenorizado de lo devengado en ese orden presupuestario los ahorros significativos fueron:

  • en la totalidad de Propuestas de Formación Académica;
  • en aportes a Municipios y Comunas del programa Masculinidades por la Igualdad;
  • en Transferencias a Instituciones Comunitarias del programa de Inclusión Social, Cultural, Comunitaria y Productiva;
  • en casi la totalidad del presupuesto del Programa Cuidar;
  • en Becas; Aportes a Municipios y Comunas y Transferencias a Instituciones Comunitarias del programa de Promoción de Derechos y Centros de Día para la Igualdad;
  • en Transferencias a Instituciones Comunitarias y Aportes a Municipios y Comunas del programa de Fortalecimiento de la Red de Casas de Protección;
  • en las Acciones de Asistencia del programa de Asistencia Económica a Víctimas de Violencia;
  • en el programa de Fortalecimiento Económico y Asistencia Técnica al Sector Productivo;
  • y en Becas del programa de Inclusión Educativa y Digital.
Autora: Priscila Pereyra

Lo que se sostuvo

Por otro lado, a través del mismo escrito, se informó del sostenimiento de ciertas líneas de acción que explican parte de lo que sí se invirtió.

Según lo declarado por la Dirección de Fortalecimiento Territorial, la inversión destinada en esas acciones detalladas da cuenta de un monto en torno a los 1348 millones de pesos de lo ejecutado.

Entre ellos estuvieron el Fortalecimiento de acciones territoriales orientadas a la promoción y protección de los derechos de mujeres y personas LGBTIQ+, que se sostuvo con un monto de 500.000 pesos por beneficiario, alcanzando 69 municipios y comunas y 28 organizaciones sociales.

La Asistencia a Centros de Día que también continuó, con un monto entre 1 y 8 millones, alcanzando 36 beneficiarios.

Lo mismo ocurrió con el Programa Autonomía para la Igualdad, de dos etapas. La primera alcanzó 95 proyectos de 82 organizaciones y la segunda 22 proyectos de 22 organizaciones con un monto de 2.000.000 por proyecto.

El Programa Cuidar se sostuvo mínimamente, alcanzando a 31 organizaciones por montos entre 1 y 6 millones, y el Fortalecimiento de Áreas Locales de Mujeres, Género y Diversidad de Municipios y Comunas celebró 322 convenios por un monto total de 800 millones de pesos.

En otros puntos, de los que no se indicaron inversiones asociadas, se describieron acciones sostenidas durante la función 2024.

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Trabajo en torno a violencias

En relación a la atención y abordaje de violencias durante 2024 hubo 1532 situaciones atendidas desde los Equipos de Segundo Nivel y la Guardia Provincial y se registraron a mas de 600 personas LGBTIQ+ bajo el Sistema de Seguimiento y Asistencia a las Diversidades (SSAD).

Se mantuvieron también, según lo informado, 204 plazas operativas en la Red de Casas de Protección, en las que ingresaron 88 mujeres y 116 niñas/os durante 2024. Y se desarrolló el software “Florentina”, un sistema específico para el registro de muertes violentas de mujeres, travestis y trans con más de 50 indicadores.

Autora: Gise Curioni

Territorio

En cuanto a programas territoriales y fortalecimiento institucional, se creó el Programa de Fortalecimiento de Puntos Violetas, se conformó la Red Provincial de Coordinadoras y Promotoras de los Puntos Violetas y Mesas de Gestión y Administración Regional.

También se avanzó en el Desarrollo del Registro de Acompañantes Comunitarios y el Diagnóstico institucional con la participación de municipios y comunas.

Formación

Acerca de formación, capacitación y producción de datos, se informó la actualización del curso de Ley Micaela y una nueva cohorte de 4.769 inscriptos y 1.654 aprobados. En relación a estas capacitaciones también se brindó talleres focalizados y módulos para gobiernos locales, ciudadanía y aspirantes a magistraturas.

También hubo una nueva cohorte de la Diplomatura para Acompañantes Comunitarios, con 900 inscripciones.

Datos

Como hito, se consolidó durante el año pasado la Red Provincial de Observatorios de Género y se creó la Mesa de Datos de Género.

También se elaboraron los informes provinciales sobre muertes violentas de mujeres, aunque los de 2022 y 2023 ya habían sido debidamente informados por la gestión de Florencia Marinaro.

Normativa

En relación a normativa e institucionalidad, durante 2024 se sancionó la Ley Provincial 14.297, de adhesión a la Ley Olimpia de herramientas contra la violencia digital y se creó una Comisión Interministerial de Políticas de Género.

Planificación

En relación a la planificación estratégica, durante 2024 se delineó el Plan Provincial de Acción 2025–2027 para prevenir y erradicar las violencias por motivos de género, aunque todavía no se conocen detalles públicos de tales lineamientos.

No se detallaron gastos en relación a estas funciones.

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Estructura

En relación a los conflictos laborales de la gestión Pullaro, uno de los ejes consultados en el pedido inicial fue sobre el esquema de trabajadores de la estructura.

Según informaron desde la Secretaría, el cuerpo de trabajadores se divide en 73 cargos de planta, 35 Asistentes Técnicos -que responden a los despedidos al comienzo de la gestión y recontratados luego bajo esta modalidad- y 10 cargos con ausencia.

En tanto, sobre el personal político, se informaron cinco cargos, además de la vacancia de la Dirección Provincial de Políticas Contra la Violencia por Razones de Género, ahora en manos de María Paula Spina.

Lo gastado en sostenimiento de la estructura para 2024 fue un monto en torno a los 1723 millones.

Consultas

Desde Periódicas se trasladaron indagaciones complementarias para interpretar la información presupuestaria el lunes 24 de noviembre, previo a la renuncia de Alicia Tate al cargo de secretaria.

El 1 de diciembre las autoridades respondieron a las dudas sobre los movimientos presupuestarios del período.

Acerca de la decisión de subejecución presupuestaria, desde la Secretaría aclararon que "no hubo una decisión política de reducir o desfinanciar las políticas contra las violencias por motivos de género, sino un proceso de ejecución condicionado por los tiempos administrativos de las contrataciones, la incorporación progresiva de nuevas líneas programáticas y las condiciones macrofiscales del ejercicio 2024".

"El crédito no devengado que muestra el presupuesto limitativo corresponde, en buena medida, a partidas cuya implementación se reprogramó y/o continúa en el ejercicio siguiente, y no a una renuncia a la utilización de los recursos asignados al área", insistieron.

Sobre las líneas de acción que se mantuvieron operativas sostuvieron que "la definición política central no fue 'subejecutar' partidas, sino ordenar la ejecución del gasto en función de criterios de prioridad, garantizando en todo momento la continuidad de las intervenciones consideradas irrenunciables".

"En ese marco, se priorizó de manera sostenida y sin interrupciones todo lo vinculado a la atención de situaciones de violencias por motivos de género y de personas en situación de especial vulnerabilidad, incluyendo:
– la continuidad de los equipos y dispositivos de atención directa,
– la asignación de ayudas económicas y otros apoyos destinados a la protección y sostenimiento de proyectos de vida libres de violencias,
– así como los convenios con áreas locales de género y con Casas de Protección, cuya interrupción habría implicado un impacto inmediato y grave sobre las personas que requieren resguardo y acompañamiento", agregaron.

Aseguraron además que en términos generales "el criterio político de priorización se estructuró en torno a tres ejes":

  • Garantizar la atención y protección integral de las personas en situación de violencia y de vulnerabilidad extrema, evitando cualquier discontinuidad en los servicios esenciales.
  • Sostener los compromisos asumidos con gobiernos locales y dispositivos de alojamiento y resguardo, preservando la red territorial ya instalada.
  • Reprogramar o desacelerar aquellas líneas de acción cuya ejecución podía trasladarse en el tiempo (nuevas expansiones territoriales, actividades no críticas o componentes que admitían una implementación gradual), sin afectar derechos adquiridos ni la respuesta estatal frente a las violencias.

En relación a la vacancia del cargo de la Dirección Provincial de Lucha contra las Violencias por Motivos de Género, desde la secretaría informaron que el cargo no se encuentra vacante desde el 28 de julio de 2025. Mediante el Decreto Nº 1603/2025 del Poder Ejecutivo Provincial, "se designó a María Paula Spina en el cargo".

También aclararon que "la entonces Dirección de Violencia, que se encontraba a cargo de la Sra. Manzino, fue oportunamente jerarquizada a rango de Subsecretaría, manteniendo en esa estructura la mayor parte de los programas y dispositivos orientados a la atención de las situaciones de violencia por motivos de género".

"Por su parte, la Dirección Provincial actualmente en funcionamiento tiene bajo su órbita, principalmente, los programas y políticas de prevención y promoción de derechos, entre los que se destacan: la implementación de la Ley Micaela, los programas de masculinidades, la red de Puntos Violeta, el Observatorio de Violencias por Motivos de Género y la Diplomatura de Acompañantes Comunitarios en Violencias de Género, entre otros" concluyeron.