La conmoción por el doble femicidio perpetrado por Pablo Laurta vuelve a exponer el riesgo de normalizar la crueldad. Mientras crece la violencia, proyectos como el de la senadora Carolina Losada sobre “falsas denuncias” amenazan con desandar derechos y desalentar a las víctimas. En Santa Fe, el desafío es sostener políticas activas y evitar retrocesos. Reflexiones de la diputada provincial Celia Arena.
El doble femicidio y homicidio cometido por Pablo Laurta volvió a poner en evidencia un riesgo que atraviesa a toda la sociedad argentina: acostumbrarse a los discursos de odio. Cada vez que la violencia se banaliza, crece la posibilidad de que alguien la ejecute.
Algunos intentan presentar este crimen como un hecho aislado. No lo es. Es la consecuencia visible de un clima político y social donde la agresión se vuelve una forma aceptada de expresión pública. Ese clima se construye día a día, desde tribunas y pantallas, donde la provocación y el desprecio se confunden con libertad de opinión.
Bajo el argumento de defender “valores tradicionales”, se instala una narrativa que divide a la sociedad, erosiona la empatía y deslegitima los avances en derechos conquistados. Lo que se presenta como una “batalla cultural” es, en realidad, una campaña de hostilidad y desconfianza hacia todo lo que represente igualdad y justicia.
El caso Laurta no es la excepción, sino la manifestación más brutal de una violencia estructural alimentada por los discursos de odio, que lejos de ser marginales, actúan como catalizadores.
La violencia no comienza con el crimen: empieza cuando el insulto se naturaliza, cuando la burla reemplaza al debate, cuando se instala la sospecha sobre las víctimas y cuando el Estado se retira de su deber de cuidar.
Por eso, resulta especialmente alarmante que, en este contexto, se promuevan iniciativas como la de la senadora Carolina Losada, que propone penalizar las supuestas “falsas denuncias” de violencia de género.
Un Estado que se achica
Esa propuesta no solo desconoce la magnitud del problema —178 femicidios en lo que va del año, uno cada 36 horas, según el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven—, sino que además invierte la carga de prueba, desalienta a las víctimas a denunciar y reinstala un clima de desconfianza que beneficia a los agresores. Legislar desde la sospecha es legislar a favor de la impunidad.
La prevención requiere un Estado activo y comprometido, con presupuesto, equipos interdisciplinarios, educación con perspectiva de género y trabajo territorial. Pero mientras la violencia recrudece, muchos gobiernos reducen fondos, cierran áreas de género y desmantelan programas.
El resultado es que, en el mismo momento en que más se necesita protección, el Estado se achica.
En Santa Fe, donde los índices de violencia de género también preocupan, el desafío es doble: sostener las políticas existentes y evitar retrocesos.
Ninguna provincia puede enfrentar sola este problema si desde la Nación se desfinancian los programas y si desde el Congreso se impulsan leyes que profundizan la desprotección.
La sociedad también tiene una responsabilidad. No basta con exigir al Estado: hay que frenar la cadena del odio en los espacios de comunicación, en las redes y en la vida cotidiana. Callar o justificar el desprecio es otra forma de complicidad. No alcanza con lamentar lo que duele: hay que disputar el sentido de lo que viene. Si dejamos que el odio marque el lenguaje, también definirá la política.
El desafío no es solo resistir: es volver a construir un país donde la palabra proteja, no lastime; donde el Estado abrace, no se excuse. Ese es el verdadero acto de coraje.
Por Celia Arena, diputada de la Provincia de Santa Fe
