C.E. fue imputado por abuso sexual contra dos de sus ex parejas. Su juicio debía comenzar el 4 de septiembre pero se pospuso para el 27 de octubre. Es la segunda vez que se suspende.
Este 4 de septiembre debía empezar el juicio contra C.E., un empleado del Poder Judicial que es acusado de abusar sexualmente de dos de sus ex parejas, pero la audiencia de inicio se suspendió y fue pospuesta para el próximo 27 de octubre. De esta manera, es la segunda vez que se suspende el inicio del debate oral y público.
El acusado es un hombre de 33 años que actualmente tiene el cargo de chofer en el Servicio Público de la Defensa Penal, aunque está suspendido de sus tareas a raíz de las denuncias y de la investigación judicial. Dos de sus ex parejas lo denunciaron en 2022 por hechos ocurridos entre 2018 y 2021.
El juicio debía comenzar el 27 de agosto de este año. Pero previo a esa fecha, la fiscalía y la querella solicitaron un “anticipo jurisdiccional de prueba” para que un testigo que durante el juicio estaba de viaje pudiera declarar antes. En primera instancia un juez aprobó el pedido pero la defensa del hombre pidió que se revocara. En una audiencia se rechazó el anticipo y se suspendió el debate porque el testigo no llegaba a declarar. En ese momento se fijó una nueva fecha de inicio para el 4 de septiembre.
Es importante aclarar que luego de la apelación de la fiscalía y de la querella por esta primera suspensión, otro juez resolvió favorablemente pero ya había pasado la fecha de inicio y efectivamente el testigo estaba de viaje.
Nuevamente, semanas antes del comienzo de juicio el 4 de septiembre, la audiencia se suspendió y se pospuso. En esta oportunidad por pedido de la Oficina de Gestión Judicial que sostuvo que no todas las partes estaban aptas para llevar adelante el debate ya que coincidía la agenda con otros juicios que eran más urgentes (por ejemplo porque vencía la prisión preventiva de los imputados).
De esta manera, el inicio del juicio contra C.E. tuvo su segunda suspensión y la nueva fecha estipulada para su comienzo es el 27 de octubre.
Sigue suspendido
El acusado es empleado judicial desde hace ocho años. Entre 2016 y 2019 fue chofer del MPA y luego pasó a serlo de la Defensora General.
Tras las denuncias, durante más de dos años siguió cumpliendo sus funciones como chofer hasta el 21 de abril de 2025. En esta fecha se abrió sumario y se ordenó su suspensión y la del total de sus haberes.
La última resolución informó que el hombre pidió la revocatoria de esa suspensión para volver a sus tareas o al menos percibir el 50% de sus haberes, pero la solicitud fue rechazada. “Para arribar a la resolución ahora impugnada, se ha efectuado una exhaustiva y razonada evaluación de la situación procesal del recurrente al momento de dictarla, por lo que esta defensora, en ejercicio de sus funciones de gobierno le aplicó la suspensión preventiva que consideró pertinente. En suma, la resolución objetada luce ajustada a derecho, con suficiente sustento en las constancias de la causa y en ejercicio de atribuciones de apreciación de esta autoridad que podrán no conformar al ocurrente pero que no pueden tacharse de arbitrarias como parece proponer”, indicaron en la resolución.
Dos denuncias por abuso sexual
Las denuncias datan de febrero de 2022 y la investigación avanzó a cargo del fiscal Matías Broggi. El chofer fue imputado y detenido el 31 de agosto de 2023, pero luego lo liberaron.
La primera denuncia provino de quien era su pareja y es ex empleada del Ministerio Público de la Acusación. Se trata de hechos ocurridos durante 2018 y 2019 cuando existía una relación entre ambos. La joven contó que cuando no quería tener relaciones sexuales, el acusado la forzaba y obligaba.
La otra denuncia, de quien es representada por el Centro de Asistencia Judicial (CAJ) en el juicio, es por hechos que ocurrieron entre 2020 y 2021. Según narró la sobreviviente, el acusado tenía actitudes similares a la que denunció la otra ex pareja, y en una ocasión hasta se quitó el preservativo sin su consentimiento.
Actualmente, el joven no está en prisión preventiva porque se le establecieron medidas alternativas, como realizar terapia para el control de la ira y reeducación en cuestiones de violencia de género.
La fiscalía ya adelantó que solicitará 12 años de prisión por los delitos, mientras que la querella de una de las sobrevivientes, a cargo de Laura Gerard del CAJ, dijo que pedirá 10.
Escribe. Se especializa en policiales y judiciales.
