En este capítulo de "Tiene nombre" recorremos la historia del caso Storni, el arzobispo santafesino abusador que murió impune. A partir de allí, también hablamos del poder de la Iglesia y del derecho canónico que ampara a sus miembros y los encubre incluso por encima de la ley civil y penal.
En este capítulo de "Tiene nombre" hablamos de Edgardo Gabriel Storni, el arzobispo de Santa Fe que murió impune en 2012. Nombrado por el papa Juan Pablo II en 1984 para liderar la Arquidiócesis de Santa Fe, Storni ocupó una posición de poder e influencia durante casi dos décadas. Según las declaraciones de 47 seminaristas de la región, era un abusador sexual.
El Vaticano inició una investigación en 1994 pero, como en tantos otros casos, la impunidad dentro de la estructura eclesiástica quedó en evidencia: Storni viajó a Roma en 1995 y fue ratificado en su cargo por el propio Papa. La investigación se archivó.
Pero en 2002 un cura decidió hablar y el pacto de silencio se rompió. Fue José Tarcisio Guntern, a quienes los colaboradores más íntimos de Storni (Hugo Capello, Marcelo Mateo, Eduard Stoffel y Mario Grassi) lo amenazaron de muerte. Ese mismo año, se publicó el libro de Olga Wornat ("Nuestra santa madre") que recopilaba las acusaciones contra Storni y exponía los abusos y las amenazas.
Storni presentó su renuncia el 1 de octubre de 2002, aunque siempre negó los delitos que se le imputaban. Siete años después, en 2009, la Justicia santafesina lo condenó a ocho años de prisión por el abuso sexual agravado contra un exseminarista. Sin embargo, debido a su edad -más de 70 años-, cumplió la pena bajo arresto domiciliario. La impunidad se consolidó en 2011, cuando la Cámara de Apelaciones de Santa Fe anuló la sentencia y ordenó que la causa volviera a foja cero. La Iglesia lo trasladó a la localidad cordobesa de La Falda, donde murió en febrero de 2012 en una quinta de retiro. Con su muerte, también murió la causa.
La de Storni es solo una de las historias de abusos y encubrimientos sistemáticos que existen dentro de la Iglesia Católica argentina, una institución que se basa en su derecho canónico para encubrir y no condenar a los poderosos. Sin embargo, su caso fue un hito: se trató de la primera vez que un obispo fue llevado al banquillo y condenado penalmente en el país.
Esta sentencia, en 2009, trascendió lo simbólico y sentó un precedente legal contra la impunidad eclesiástica en el país. Ese fallo judicial posibilitó que se realizaran nuevas denuncias y demostró que ese pacto de silencio puede romperse. Los abusos cometidos por religiosos no son solo un pecado, son un delito.
Las primera investigación periodística
Casi una década antes de que se publicara el libro de Olga Wornat, que le dio mayor visibilidad al caso, en 1994 los periodistas Carlos Del Frade y Juan Carlos Tizziani realizaron la primera publicación sobre las conductas del arzobispo en Rosario/12, suplemento del diario de tirada nacional Página/12.
Del Frade recuerda que Storni era “el tercer obispo más importante de Argentina en 1995 y era el presidente de la Comisión de Fe, Cultura y Educación dentro de la Conferencia Episcopal Argentina. Es decir, manejaba el lugar donde los 24 estados provinciales destinaban cerca del 20% del presupuesto para bancar a la educación privada católica. Un tipo poderoso. En la década del 70 fue puesto por el Vaticano para cercenar a una figura controvertida como lo fue Vicente Faustino Zaspe, anterior arzobispo de la ciudad de Santa Fe, que es la capital de una de las provincias más grandes de Argentina y eso tiene mucha importancia política, económica, cultural y profundamente religiosa”.
“Por aquel momento venía investigando que a Vicente Zaspe lo habían matado, era un rumor muy insistente en Santa Fe. En esa investigación doy con el padre Edgardo Trucco, que me cuenta que se estaba haciendo una investigación por parte del obispo de Paraná, que era Estanislao Karlic, porque había denuncias contra Storni por haber violado a chicos en el seminario de Santa Fe. Nos hace esa denuncia a Ricardo Serruya y a mí. Luego lo publiqué por primera vez en el diario Rosario/12. Ocho años después lo publica Olga Wornat en su libro y, como era de Buenos Aires, le dieron más bolilla”, relata el actual diputado provincial.
Así empezó la investigación que determinó que Storni declarara ante el Arzobispado, aunque, como dice Del Frade, “la Iglesia funciona como un feudo, donde las leyes que rigen para el común de la gente no entran, tiene una ley propia que deja de lado las leyes de los mortales. Entonces se hace la investigación pero como la Iglesia es un feudo con poder real en Argentina, Storni no es acusado para ser metido preso, sino que lo llevan a una especie de retiro voluntario en La Falda, a una casa que compra el Arzobispado con plata que viene del pueblo”.
La primera denuncia: el poder de la Iglesia ante la Justicia
Pablo Bórtoli fue el abogado que representó al ex seminarista sobreviviente de los abusos por los que fue condenado Storni. Entrevistado para este episodio de "Tiene nombre", Bórtoli recordó que el caso tuvo repercusión mucho después, dado el poder que tenían el acusado y la Iglesia. “Todo el mundo sabía de los abusos. El run run era que cada vez que un gobernador tenía que postularse pasaba por el Arzobispado”, aseguró. “Lo más alarmante fue la investigación que se hizo en Paraná, que fue de lo que nunca habló la Justicia, nunca la Justicia de Santa Fe logró que aportara un dato”, indicó.
Sobre la situación corporativa de la Iglesia, que ocultaba estos casos, el letrado afirmó que “invito a leer sobre derecho canónico, sobre el tratamiento que tiene sobre algunos temas. Es una estructura de poder cerrada, lo que pasa es que la Iglesia es un principado, es un sistema muy viejo pero actual”.
Bórtoli se refirió también a las instancias judiciales y aseguró que “en la penal fue bien, porque tuvieron los huevos de condenarlo en primera instancia a ocho años. En la segunda, si uno lee la sentencia, queda una sensación rara, ya que anula la primera y pide que se vuelva a hacer el fallo. Cuando el juez toma la causa para fallar nuevamente, ya todos sabían que Storni se moría, entonces esa sentencia se anuló y no alcanzó el tiempo para que vuelvan a fallar. La Iglesia nunca hizo nada, su funeral fue con honores, cobraba la pensión del Estado nacional para los arzobispos, que es una jubilación de privilegio ya que nunca aportaron”.
“Nunca hubo ni una disculpa por parte de la Iglesia. Eso le dije a Bergoglio antes de que sea Papa, hablé con todos. La relación entre un obispo y el Vaticano es directa, responden al Papa, y Juan Pablo II lo sabía, están siempre al tanto, es imposible que si un obispo en el mundo es acusado de un ilícito eso no llegue al Papa”, afirmó.
El acompañamiento a les sobrevivientes
Liliana Rodríguez es la psicóloga de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina y en diálogo con Periódicas relató que esta red comenzó hace unos 13 años porque “se fue construyendo a partir de la denuncia de los siete seminaristas a José Justo Ilarraz, el cura del seminario de Paraná. Estos jóvenes habían sido abusados cuando tenían entre 13 y 15 años. A partir del estado público de esa causa comenzó una suerte de comunicación a través de las redes sociales de personas que habían atravesado abuso eclesiástico en distintos puntos del país”.
El rol de Liliana es muy importante en este espacio ya que es quien recibe las consultas que se hacen: realiza la primera entrevista y, en base a lo que la persona desea, la invita a participar en la Red. “Luego ingresa al grupo de sostén o de pares, que es un grupo de WhatsApp integrado por sobrevivientes. Es llegar a un lugar en donde todos sabes de qué se trata porque lo han vivido. Desde mi disciplina hago un acompañamiento ya que cada uno tiene su terapeuta, yo intervengo en crisis y coordino con profesionales actuantes”, explicó.
“Las personas van tomando distintas decisiones, sea que quieran hacer la denuncia canónica o la penal. Nosotros desaconsejamos la canónica ya que revictimiza y no conduce a ningún camino, aunque Bergoglio haya decidido llevar adelante los equipos de contención. Pero la Iglesia no castiga, encubre; es un plan sistemático de traslados y encubrimientos. En todos los lugares del mundo la Iglesia actúa igual: es una institución que convoca al perdón, a la palmada en la espalda a los sobrevivientes, pero lo que entienden como pecado la Red lo entiende como delito. Nuestra lucha tiene que ver también con la urgente separación de la Iglesia del Estado”, aseguró.
El episodio
En este capítulo también charlamos con la histórica militante feminista Mabel Busaniche quien, además, es educadora e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir.
Además entrevistamos a Sandra Migliore, ex novicia sobreviviente de abuso eclesiástico. Su caso, ocurrido en el noviciado de la congregación Hermanas Educacionistas Franciscanas de Cristo Rey en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, quedó impune. Sin embargo, su historia salió a la luz e, incluso, es relatada en “Caminemos Valentina”, la película de Alberto Lecchi estrenada en 2023.
La serie de podcasts "Tiene nombre" es realizada con la dirección de Thamina Habichayn y Belén Degrossi, la producción de Gabriela Filereto y la realización de visuales a cargo de Titi Nicola. En este episodio, además, contamos con la participación de Ileana Manucci, integrante de Periódicas e invitada especial. Podés escucharlo acá mismo, o en nuestra cuenta de Spotify.
