Recortes presupuestarios en áreas claves para la salud sexual de mujeres y diversidades, vaciamiento del programa de Educación Sexual Integral a nivel nacional, falta de campañas de información sobre derechos como el aborto y métodos anticonceptivos, son algunos de los problemas identificados por la Asamblea Ni Una Menos Santa Fe en el marco del Día de Acción por la Salud de las Mujeres.
Cada 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) impulsó esta fecha como recordatorio para abordar las múltiples causas de enfermedad y muerte que afectan a las mujeres, y para comprometer a los Estados a trabajar en políticas públicas que mejoren la situación.
"Entendemos a la salud de manera integral, como un estado de bienestar bio-psico-social. Este día visibilizamos el derecho a la salud de las mujeres como un derecho humano", señalan desde la Asamblea Ni Una Menos (NUM) en el informe que fue presentado esta mañana. "Desde la ciudad de Santa Fe nos manifestamos en defensa de nuestros derechos ante los recortes presupuestarios y la falta de perspectiva de género en las políticas públicas", agregaron.
Aborto y sistema de salud
Este año también se conmemoran los 20 años de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que fue creciendo de manera federal a lo largo de los años y que en 2020 logró la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley 27.610).
En esta fecha, desde la Asamblea NUM difundieron algunos datos sistematizados por trabajadoras y trabajadores de la salud, militantes y organizaciones que diariamente trabajan por el acceso a la salud.
En sentido indicaron que: "Como profesionales universitarias/os de la sanidad, consideramos que la defensa de la salud pública debe construirse en y con la comunidad. Nuestros históricos reclamos no solo se centran en nuestras condiciones laborales, sino también en el diagnóstico de un sistema de salud desgastado, desfinanciado y en crisis".
Y agregaron: "En estos últimos años hemos sido testigos de numerosas situaciones en las que el gobierno provincial ha apuntado a las, los, les trabajadores que luchamos por un sistema de salud pública. Nos señala, frente a la ciudadanía, como culpables de la falta de atención en los distintos niveles de salud ante cada medida de fuerza tomada en un genuino reclamo por nuestros derechos laborales".
Por eso, en este contexto, denuncian:
- Falta de personal: la falta de reemplazos implica una mayor recarga de trabajo para el personal existente.
- Incremento de la demanda: la cantidad de usuarios ha aumentado debido a la falta de cobertura de las obras sociales.
- Falta de suministros: la reducción en la cantidad de anticonceptivos y preservativos enviados puede afectar la salud reproductiva y la prevención de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual.
- Deterioro de la infraestructura: la falta de inversión y mantenimiento de las condiciones edilicias de los centros de primer nivel de atención (CAPS) puede afectar la calidad de la atención y la seguridad de las, les, los usuarios.
- Falta de políticas en salud mental y consumos problemáticos.
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Eduación sexual integral
Sobre la Educación Sexual Integral el informe señala que: "El gobierno de Javier Milei desfinanció y eliminó el programa nacional de educación sexual integral (ESI), luego de casi 20 años de trabajo ininterrumpidos, quitando a su vez las partidas presupuestarias a las provincias y otros recursos que les corresponden por ley".
Además, indican que dio de baja la página web del programa, que contenía los materiales producidos durante todos esos años y tenía como objetivo hacer accesibles todos los recursos de la ESI a docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo del país. "Con esto el gobierno nacional incumple las leyes vigentes y los tratados internacionales con los que está comprometido el país respecto al derecho a la educación sexual integral", comentan.
Respecto de la situación en la provincia de Santa Fe, informan que el equipo ESI, que se encuentra trabajando desde 2008, en la actualidad ofrece acompañamientos a las instituciones educativas para la implementación de la ESI con propuestas y materiales didácticos, talleres y en las próximas semanas, cursos virtuales a través de la plataforma educativa del Ministerio de Educación.
"Queremos remarcar que la ley de ESI se encuentra vigente en Argentina, siendo un derecho de lxs estudiantes de todo el país y una responsabilidad del Estado garantizarlo", agregan desde la Asamblea NUM. "En momentos como este la educación sexual integral se vuelve una herramienta sumamente necesaria para hacerle frente a los discursos de odio y para resistir a una agenda que pretende imponer el individualismo y la indiferencia".
Derechos sexuales
El informe también retoma un relevamiento realizado durante 2024 por la organización MultiPalabras acerca de las preferencias en el uso de métodos anticonceptivos y el acceso a la información respecto a temas vinculados con los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos.
El relevamiento brindó información de personas mayormente en edad reproductiva, usuarias tanto del ámbito público como del privado, probablemente de clase media, y residentes del Gran Santa Fe. Entre los resultados más relevantes, se encontró que persiste un importante desconocimiento en relación a la posibilidad de acceder a la interrupción legal del embarazo en su efector de referencia y, en menor grado, de la posibilidad de acudir a la línea telefónica del Ministerio de Salud de la Nación, 0800-222-3444.
"Por estos resultados, reclamamos que haya campañas informativas que acerquen esta información a usuaries de efectores públicos y privados", reclaman desde la NUM.
Enfermedades de transmisión sexual
Desde la Asamblea Ni Una Menos alertan que en la provincia de Santa Fe, en los últimos años, "se viene observando un altísimo incremento en los casos positivos de sífilis y un incremento en los diagnósticos nuevos de VIH (fundamentalmente en jóvenes de 20 a 35 años), sin una política de prevención que acompañe y aborde estas situaciones de manera integral".
Según el informe anual Nº 41 de la Dirección Nacional de ITS dependiente del Ministerio de Salud de la Nación (diciembre 2024) se estima que en Argentina 140 mil personas viven con VIH en nuestro país, y hay un 13% que desconoce su diagnóstico.
"Faltan preservativos en los centros de salud y hospitales, faltan campañas de prevención y promoción, faltan folletos específicos para campañas de prevención y para entregar en espacios de consejerías de salud sexual reproductiva y no reproductiva", indican.
Y denuncian que "se está llevando adelante un 'recorte' sin fundamentos a nivel nacional y provincial en la entrega de Profilaxis Pre Exposición (PREP), una estrategia de prevención del VIH en la cual las personas que no tienen VIH pero que están expuestas al virus, toman medicación antirretroviral para reducir las posibilidades de adquirirlo. PREP está recomendada por la OMS como parte de una estrategia de prevención combinada para prevenir nuevas infecciones de VIH".
Además indican que "cada vez nos encontramos con más dificultades y con más trabas por parte de las obras sociales para cubrir los tratamientos de VIH (que por ley deben garantizar). Y se agudiza el control desde Nación mediante auditorías con el fin de recortar los tratamientos ante la existencia de obra social. Se profundizan los trámites burocráticos, que generan mayor malestar, angustia e incertidumbre a las personas que viven con el virus. Esto es una muestra más de las políticas de recorte del gobierno nacional".
Violencia obstétrica
Desde hace muchos años, desde el Observatorio de Violencia Obstétrica de Argentina y La Campaña Nacional contra la Violencia Ginecobstétrica se viene relevando y describiendo la violencia que se ejerce en el marco de la atención ginecobstétrica.
"El daño que produce este tipo de violencia no se puede cualificar ni cuantificar", explican desde la Asamblea NUM. "Y esto es así porque al tratarse de un tipo de violencia sexual, atenta contra la integridad, dignidad y autonomía de las mujeres que la han padecido, afectando su cuerpo, su psiquis, su sexualidad y su autonomía. Es por ello que entendemos que la violencia ginecobstétrica es un modo de vulneración fehaciente a los derechos humanos, que se da de modo estructural y sistemático a lo largo y lo ancho del país".
La organización comenta que, según el último informe del Observatorio de Violencia Obstétrica (marzo de 2025), la situación en el país es alamante. Este estudio "abarcó consultas ginecológicas, atención de interrupciones del embarazo, partos/cesáreas y pérdidas gestacionales atendidas en instituciones públicas, privadas o en domicilio en cualquier lugar de Argentina desde el 2000 hasta la fecha".
Y entre los datos obtenidos remarcan como más relevantes que: el 45% sufrió maltrato verbal, 46% sufrió maltrato psicológico y 28% maltrato físico; el 23% fue minimizada cuando expresó dolor, el 24% fue amenazada con "riesgos" si no obedecía. Además al 22% se le negó un acompañante durante la atención, 31% sufrió intervenciones sin información adecuada, el 30% reportó intervenciones no autorizadas sobre sus hijxs, el 35% siente malestar o enojo al recordar su atención ginecobstétrica, el 28% carga sufrimiento y un 18% siente culpa.
