¿Lo destituyen de una vez por todas? En una sesión conjunta, los diputados y senadores de Santa Fe deberán decidir qué harán con Aldo Gerosa, el fiscal denunciado por irregularidades en investigaciones sobre delitos sexuales cometidos en Reconquista. Se espera que la comisión de Acuerdos recomiende la destitución.
Este lunes 17 el fiscal Aldo Gerosa volvió a asistir a la Legislatura santafesina a expresar su propia defensa. Se estima que será la última vez. Tras escucharlo, la Comisión de Acuerdos emitirá un dictamen que, según trascendió, será por la destitución del fiscal, luego de varias suspensiones, de idas y venidas.
Aldo Gerosa fue denunciado e investigado por irregularidades en al menos dos investigaciones de abusos sexuales contra menores ocurridos en Reconquista, donde ejercía como fiscal especial de delitos sexuales. En ambos casos, el fiscal demoró la investigación de los hechos, manipuló a las denunciantes para que acepten juicios abreviados y penas menores contra sus agresores y así benefició a dos personas condenadas por abuso sexual.
Luego de la primera denuncia, Gerosa fue investigado y suspendido durante 10 meses por los legisladores santafesinos. Finalmente, el 1 de junio de 2024 volvió a trabajar pero con la prohibición de investigar casos de violencia sexual y de género. Sin embargo, en marzo del año pasado había sido denunciado nuevamente, por irregularidades en otro caso que investigó.
Con todas las pruebas recolectadas por el fiscal auditor Leandro Mai, tras haberlo escuchado a él y oír la palabra de las denunciantes, los integrantes de la Comisión de Acuerdos deberán emitir un dictamen. Luego, los diputados y senadores santafesinos deberán votar en la próxima sesión bicameral.
La segunda denuncia, realizada en marzo de 2024, fue hecha por el diputado Fabián Palo Oliver del Frente Amplio por la Soberanía, ante la Comisión de Acuerdos. “Gerosa revictimizó a muchas mujeres y utilizó abusivamente la figura del juicio abreviado evitando de esta forma los Juicios orales, siempre, en beneficio de los abusadores”, indicó el legislador.
“Estamos frente a un dispositivo de impunidad que trató de manera lacerante a las víctimas, que postergó audiencias, que solicitó favores a cambio de actuaciones, que cajoneó legajos, que desechó pruebas, que ofreció cobertura a los acusados con omisiones al cumplimiento de sus obligaciones y que, sobre todo, postergó en muchos casos la satisfacción de la justicia que mínimamente exigían las mujeres víctimas de abusos sexuales", detalló Palo Oliver.
La destitución que no fue
En diciembre de 2023, la Legislatura de Santa Fe tuvo la oportunidad de destituir al fiscal, pero no lo hizo. Eligieron una sanción más tibia, que fue suspenderlo por seis meses (el tiempo máximo permitido) y sin goce de sueldo. Sin embargo, esto llevó a que el 1 de junio regrese a su puesto de trabajo, aunque con algunas restricciones.
A finales de 2023, antes de que los diputados y senadores opten por la suspensión, la diputada acusadora Erica Hynes había descripto las irregularidades que llevó adelante Gerosa en el primer caso por el que se lo investigó: “Esta era una causa muy sensible que requería de especial pericia y de buena calidad del servicio del fiscal por varios motivos: por tratarse de un abuso sexual intrafamiliar contra quien era una niña y también porque ocurrieron en una localidad de tamaño mediano donde todas las personas se conocen y se hace muy difícil mantener la confidencialidad y preservar la identidad de la víctima”, comenzó la diputada. “También porque el acusado, hoy condenado, era en ese momento un funcionario público y muy conocido en la región”, agregó.
Luego, explicó por qué confirmaron el mal accionar del fiscal tras analizar documentación, videos de audiencias, audios y publicaciones en medios de comunicación. “Se puede notar un quiebre en la estrategia de la fiscalía”, narró Hynes. En el primer tramo de la causa, el fiscal Gerosa había pedido 32 años de prisión para Marcelo Galaz después de imputarlo como autor de abusos sexuales gravemente ultrajantes reiterados en un número indeterminado de veces, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por causar daño grave en la salud mental de la niña y promoción de la corrupción de menores.
La diputada destacó que en este momento el fiscal actuó con empatía y mostrando el acompañamiento de la fiscalía a la sobreviviente. “Incluso propuso que la declaración fuera en Cámara Gesell para preservar a la joven a pesar de que ya era mayor de edad”, recordó la legisladora. Luego de la imputación, el fiscal pidió la medida cautelar y a Galaz se le impuso la prisión preventiva por los peligros procesales.
Luego de los primeros meses de la prisión preventiva, se comenzaron a notar cambios y hechos que vulneraron a la sobreviviente. En primer lugar se revisó la medida cautelar y se le otorgó la prisión domiciliaria. “En realidad fue una libertad con restricciones porque Galaz no tenía tobillera ni la prohibición de desplazarse, le dieron una aplicación para el celular en la que tenía que indicar los traslados”, explicó.
La diputada acusadora también remarcó que el 10 de noviembre de 2022 el fiscal Gerosa propuso la firma de un juicio abreviado por seis años de prisión para Galaz en el que también modificó la calificación de los hechos. La sobreviviente lo había aceptado pero después se arrepintió y no lo firmó. “En esta instancia la joven no es informada correctamente pero además se siembran dudas por parte de la fiscalía sobre su posible desempeño en el juicio oral, es decir, respecto a si iba a poder ser convincente su relato”, señaló.
Además de remarcar otras irregularidades en la forma de relacionarse del fiscal con la sobreviviente, Hynes indicó que hay pruebas de que Gerosa atravesaba una situación de estrés laboral y de enojo. “El fiscal regional declaró que Gerosa no supo manejar el problema y estaba enojado porque no pudo ser juez y por eso ocurrió todo esto”, detalló y recuperó un testimonio de Gerosa en los medios en el que nombra a “la política santafesina” y la relaciona con el delito.
Finalmente, en marzo de 2023 y con otro fiscal a cargo, la joven firmó un abreviado por siete años de prisión para su abusador y un resarcimiento económico. “Vemos una causa que inició correctamente, se desvió del camino y empezó a haber cada vez más vulneración de los intereses de la víctima”, expuso la diputada. En esa línea, sostuvo que no hay que confundir la resiliencia y fortaleza de la joven que, acompañada de muchas personas, logró reponerse, sino juzgar el rol malo e insuficiente del Estado que por medio de la fiscalía no le pudo brindar justicia”.
El segundo caso investigado
En marzo de 2024, cuando ya se había investigado y sancionado a Aldo Gerosa por su actuación en el caso Galaz, ingresó otra denuncia contra el fiscal. Se trata de un caso en Reconquista en el que una madre denunció a quien era su pareja por abusar de su hija menor de edad en 2014, cuando la niña tenía 13 años. El hecho, según las denuncias, ocurrió en la casa donde todos convivían.
Al tomar conocimiento de la denuncia, el fiscal recolectó las pruebas. Entre ellas, exámenes médicos realizados a la niña y los testimonios de ella y su madre. Desde ese momento, es decir, desde el inicio de la investigación, el accionar de Gerosa no tuvo en cuenta la perspectiva de género. Un ejemplo claro: la entrevista a la menor de edad fue realizada en la comisaría, por policías varones y sin la intervención de psicólogas que pudieran brindar la contención necesaria en un caso de violencia sexual contra una niña de 13 años.
Lo más llamativo es que la audiencia imputativa se realizó tres años después, en octubre de 2017. Durante todo el tiempo que pasó desde la denuncia hasta la imputación, existieron indicios de un mal accionar de la fiscalía.
Imputación lenta
En primer lugar, el fiscal no ordenó ninguna medida contra el hombre denunciado. No fue a prisión preventiva y no tuvo medida de distancia. Por lo tanto, durante esos tres años, se pudo contactar libremente con la sobreviviente y su madre. De hecho, amenazó y amedrentó en varias oportunidades a las mujeres. Incluso llego a ir a la casa donde vivía la niña y donde había cometido los delitos contra ella.
En septiembre de 2015, se solicitó la asistencia psicológica para la niña, pero no se le concedió. En 2016, psicólogas del Ministerio Público de la Acusación (MPA) dieron cuenta de la veracidad del relato de la sobreviviente. En agosto de 2017, Gerosa imputó a la madre de la niña -quien denunció el hecho- como partícipe secundaria de los delitos, aún cuando todavía no se había imputado a la ex pareja.
Recién en octubre de 2017 el hombre denunciado fue imputado pero no quedó en prisión preventiva. Solamente se le puso una medida de distancia por la que no podía ver ni comunicarse con la niña y la madre. En 2020 todas las instancias se habían superado y estaba todo preparado para que comenzara el juicio. En ese momento, Gerosa adelantó que pediría entre 15 y 16 años para el acusado por haber cometido los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado y abuso sexual simple, ambos agravados por el aprovechamiento de la situación de convivencia con la niña.
“Primero demoró la prueba, mientras la denunciante y su grupo familiar recibían presiones políticas para no proseguir con la denuncia”, aclara el documento enviado por Palo Oliver a la Comisión de Acuerdos en marzo. Y en otro momento se indica que la niña y su madre también fueron amenazadas por quién era el presidente comunal de Los Laureles.
Abreviado para beneficiar al abusador
La segunda declaración de la sobreviviente se realizó el 1 de marzo de 2017 en Cámara Gesell. Ese testimonio se tomó en cuenta para la imputativa y las audiencias previas al juicio. El debate podía comenzar en 2020, sin embargo se fijó una primera fecha para marzo de 2022 y finalmente comenzó en diciembre de ese año. Para esa fecha, la sobreviviente ya era mayor de edad, por lo que debió declarar una vez más ante los jueces y el acusado.
En ese momento, y en esas circunstancias propiciadas por la actuación de la fiscalía, Aldo Gerosa lanzó la propuesta de un juicio abreviado que le brindara a la joven la posibilidad de no declarar. Además, sostuvo que el acuerdo sería por nueve o diez años de prisión. “Modificó la plataforma fáctica del caso, suprimió la acusación del abuso con acceso carnal y solicitó condena por abuso sexual simple con una condena de tres años de prisión de cumplimiento condicional y una indemnización de pesos dos millones y medio ($ 2.500.000,00)”, indica la denuncia que presentó Oliver. Al igual que en el caso Galaz, el abusador terminó recibiendo una pena mucho menor a la que le correspondería en un juicio oral.
Además de la disminución en el monto de la pena, se revictimizó a la persona denunciante hasta el cansancio para que termine aceptando cualquier condena posible. “La misma victima, ya mayor de edad, ha manifestado cansancio con la continuidad de esta investigación por su indefinición y la constante revictimizacion que esto le ocasiona y la victima puede decidir (por estar en condiciones de edad e intelectuales) sobre la manera de resolver este, su conflicto, con significación jurídico penal", aclara la denuncia del diputado. Y sostiene que Gerosa “ha transformado al procedimiento abreviado en un mecanismo de impunidad apalancado por actores de la política del norte provincial. Es la amenaza más grande para cualquier víctima, como así también para el servicio de justicia provincial”.
Escribe. Se especializa en policiales y judiciales.
