Se trató de un abuso sexual contra una niña de siete años en el Colegio San José del Obispado en Rafaela. Una médica local aseguró que la niña “tenía lesiones que habían sido provocadas por ella misma”. Los abogados querellantes pidieron la intervención de tribunales internacionales.
Hace tres años, los vecinos de Rafaela salieron a las calles de la ciudad y reclamaron justicia frente al Colegio San José perteneciente al obispado en Rafaela. Las imágenes de las sentadas de padres, familiares, amigos, estudiantes y vecinos frente a la escuela llegaron a los medios de comunicación de todo el país. Las movilizaciones derivaron de una denuncia de una madre tras el relato de su hija, que daba cuenta de que un adulto había abusado de la niña en el baño de la institución. Pero hoy, tres años después, no hubo avances en la causa por parte de la justicia santafesina y los abogados de la niña y su madre reclaman que intervengan organismos internacionales.
La denuncia fue realizada el 28 de julio por la madre de la niña de siete años, alumna del Colegio San José. La menor había llegado a su casa y le había contado que un adulto varón, “vestido de profesor”, la había abusado sexualmente en el baño de la escuela. La madre llevó a la niña con su médico ginecólogo, quien constató los signos de abuso. Luego, la nena tambien ratificó el hecho en Cámara Gesell frente a psicólogos, abogados y la fiscala Ángela Capitanio.
A pesar de esas pruebas iniciales, la fiscalía nunca imputó a nadie. Según la abogada del equipo querellante, Paula Condrac, en la causa nunca hallaron a ningún sospechoso. Esto se debe en gran medida a que desde la fiscalía no lograron producir las pruebas necesarias. “Las cámaras de seguridad que apuntaban a la puerta del baño no funcionaban desde junio y ese día el reloj biométrico donde los docentes y no docentes marcan el presente, tampoco andaba”, recordó la abogada.
Además de esas dificultades para conseguir pruebas, Condrac relató que la fiscalía tomó testimonio a una médica de Rafaela que declaró haber atendido a la niña 20 días antes de que se realizara la denuncia. “Ella la atendió por un cuadro de gastroenteritis, de hecho eso es lo que escribió luego en la receta médica que conseguimos como prueba”, aclaró la abogada, pero contó que unos días más tarde la pediatra declaró otra cosa: “Dijo que la niña de siete años tenía lesiones que habían sido provocadas por ella misma al masturbarse con un elemento contundente”.
El caso fue investigado en primer lugar por la fiscala Ángela Capitanio y luego por Favia Burella, ambas pertenecientes a la Unidad Regional Quinta. Los abogados y abogadas querellantes Vanesa Carrasco, Gastón Astesano, Paula Condrac, Guillermo Munné y Lorena Adorati denunciaron irregularidades en el trabajo de las fiscales a cargo de la investigación.
En un comunicado que publicaron la semana pasada en redes sociales, las y los abogados indicaron que “las irregularidades y omisiones de los fiscales y funcionarios de mayor rango de la Fiscalía Regional Quinta que debían investigarlo y esclarecerlo, sumado a la violencia institucional con la que arremetieron las autoridades del Colegio contra la niña y su familia, garantizaron que no se llegue a establecer la vedad de los hechos”.
En ese mismo comunicado, los abogados expresaron que “el abusador sigue protegido y libre” y que ya enviaron el reclamo a las cortes internacionales para que “supervisaran el cumplimiento por parte del Estado argentino de las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país en la prevención y sanción de delitos de violencia contra niñas y mujeres”.
En diálogo con Periódicas, Condrac aclaró que “a la justicia santafesina ya no le pedimos nada”. Con respecto al estado de la investigación, advirtió que "la causa no se cerró pero está completamente frenada”.
Por otra parte, la abogada reclamó que en el Colegio nada cambió desde la denuncia de hace tres años. “En ese momento, además de pedir Justicia por el delito cometido contra la niña, también solicitamos una serie de medidas para que no ocurrieran situaciones similares en esa escuela”, aclaró Condrac. Entre los pedidos estaban la separación del cargo de todos los individuos que podrían estar involucrados en el caso, el esclarecimiento rápido, la implementación de Educación Sexual Integral (ESI), la creación de un protocolo para intervenciones en situaciones de violencia de género y la formación del equipo docente en Ley Micaela y en ESI. Nada de eso sucedió.
Autora: Thamina Habichayn
